En audiencia celebrada ante un Juzgado Especializado de Cúcuta fueron presentadas las observaciones finales al escrito de acusación en contra de seis hombres, señalados de delinquir para el Clan Úsuga.

Se trata de Mario Alexander Cruz Mora, ‘Gordo Alex’, de 33 años; Darwin Emiro Prince Ruedas, ‘Barbas’, de 25; Armando Alonso Peña Lobo, de 52; Marvin Elí Santiago Plata, de 41; Álvaro Eduardo Guerrero Cañizares, ‘Gato Deibis’, de 26, y Robinson Quintero Álvarez, ‘Totto’, de 40, capturados a finales de noviembre de 2015, entre un grupo de 14 detenidos.

Las capturas se lograron tras una investigación de al menos cinco meses por parte de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía, en la que fueron necesarias entrevistas, reconocimientos fotográficos, agentes de civil y búsquedas selectivas en bases de datos para desarticular la estructura criminal.

Para entonces, el coronel Jhon Aroca, comandante del Departamento de Policía en Norte de Santander, explicó que estas personas delinquían en los municipios de Hacarí, La Playa de Belén y Ocaña.

Según la Fiscalía, los procesados hacían parte de un grupo de al menos 20 sujetos que portaban armas, dirigidos por alias ‘el Tío’, quienes exigían ‘vacunas’ a los habitantes de Ocaña, Ábrego, Aguachica (Cesar) y la invasión La Pastora de Cúcuta.

“La ‘vacuna’ la exigían desde el 2015, especialmente a comerciantes, expendedores de sustancias estupefacientes y vendedores de gasolina (…) La organización contaba con un componente sicarial al que se le atribuyen varios homicidios. Sembraban terror, zozobra y pánico entre la comunidad mediante el uso de violencia”, relató el ente investigador.

Tras la detención, los seis hombres fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante que legalizó sus capturas y les impuso medida de aseguramiento en prisión, sin que aceptaran los cargos. Los demás capturados llevan procesos por separado o han llegado a preacuerdos con la Fiscalía. 

Por ahora, la Fiscalía tiene un plazo de 45 días para dar inicio a la audiencia preparatoria al juicio oral y público, donde pretende demostrar la responsabilidad de los procesados en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,  amenaza y extorsión.