“Acepto el preacuerdo porque fueron los términos pactados y legales, pero quiero llamar la atención de la Fiscalía y mostrar mi desacuerdo ante la irrisoria pena impuesta por los delitos tan graves cometidos en forma continuada”, señaló una jueza en la audiencia en que Francisco Javier Parada Ruiz fue condenado a 68 meses de prisión, tras llegar un preacuerdo con la Fiscalía.

Parada fue detenido el 22 de octubre de 2015 tras una orden de captura por contrabando agravado, falsedad en documento privado, lavado de activos, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras lo señaló de pertenecer a una organización que giraba en torno a la agencia de aduanas Interstar, nivel 1,  cuyo representante en Cúcuta era Parada Ruiz, quien “valiéndose de su condición de agente aduanero, junto con otros individuos, prestaba el servicio de importar maquinaria agrícola y amarilla de manera ilegal al país, utilizando para ello documentación falsa para sustentar la operación aduanera.

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Además, empleando a personas naturales y jurídicas que fungían ante la autoridad aduanera (Dian) como importadores de mercancía que no les pertenecía”, señala el proceso.

De acuerdo a las investigaciones estas personas, con división de trabajo, daban apariencia de legalidad a la importación de dicha maquinaria pesada.

“Esta organización causó un detrimento patrimonial de más de $30.000 millones, pero el juez no puede inmiscuirse en esos asuntos (preacuerdo)”, reiteró la togada.

Tras su captura, Parada fue presentado ante el Juzgado Noveno Penal Municipal,  de garantías de Cúcuta, que ordenó su reclusión en la cárcel de Cúcuta, mientras avanzaba el proceso en su contra ante un juzgado especializado (por la gravedad de los delitos). 

El 7 de marzo del presente año aceptó su responsabilidad y firmó el preacuerdo a cambio de degradar su participación de autor a cómplice, lo cual le  representó un descuento en la pena.

“Con ese modo de operar, entre 2009 a 2012, esta organización ingresó 82 unidades de maquinaria pesada, agrícola y amarilla (47 cosechadoras agrícolas, 23 tractores, 6 retroexcavadores, 4 cargadoras y 2 buldócer”, detalla la investigación.

A su turno, el fiscal designado al caso respondió a la jueza que no desconocía la gravedad de los hechos cometidos por Parada y que por ello en 2015 solicitó la orden de captura en su contra. 

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“Pero, tampoco fue quien se lucro con el ingreso irregular de esa gran cantidad de maquinaria de alto valor. Para la Fiscalía, el monto de la pena pactada guarda proporción con el grado de participación que Parada tenía dentro de la estructura”, argumentó  el fiscal.

Su labor

El ente investigador afirmó que el acusado como empleado de la agencia de aduanas, inicialmente como auxiliar y luego como agente aduanero, tenía las funciones legales de  conocer la situación de los importadores y en cuyo nombre actuaba, verificar la legalidad de las operaciones de comercio exterior tramitadas, elaborar y presentar ante la Dian las correspondientes declaraciones de importación “respondiendo ante la autoridad por la veracidad de su contenido y (…) en los tramites adicionales requeridos para lograr el levante de la mercancía”. 

El procesado adelantó  acciones en favor de la organización con el fin de lograr la nacionalización ilegal de maquinaria pesada y manejaba la documentación de un supuesto proveedor en Venezuela.

Este hombre, de 36 años, natural de Cúcuta, y quien vivía en el conjunto residencial Arkamar Campestre, fue sentenciado además a pagar una multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales a favor del Estado.