Entre enero y el 12 de agosto de 2020, Cúcuta registró 160 asesinatos, de los cuales 149 fueron hombres y 11 mujeres (incluyendo una menor de edad). Esta cifra representa un incremento del  26.9% con respecto a las 126 muertes violentas ocurridas, durante el mismo periodo en 2019.

En enero, la ciudad reportó 19 homicidios, para febrero la cifra disminuyó a 15. En marzo, se presentaron 13 asesinatos (8 en zona rural), para la fecha en que la ciudad y el país entraron en confinamiento por el coronavirus. 

Sin embargo, aunque en abril se contaron 19 asesinatos, mayo llegó a las 30 muertes violentas. En junio, 19 crímenes (entre las víctimas 3 mujeres).

Para julio, la cifra se desbordó. Cúcuta registró para esos 31 días, 36 asesinatos (33 fueron hombres y 3 mujeres). De esas 36 muertes, 28 hombres y una mujer fueron asesinados con armas de fuego. Los demás  con arma blanca u objeto contundente.

Hasta el miércoles 12 de agosto, 9 personas en Cúcuta perdieron la vida y uno más fue ultimado en Los Patios, todas corresponden a víctimas masculinas. Sin olvidar que, durante el mismo periodo, la cifra de muertes violentas en Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y Puerto Santander fue de 42 asesinatos. 

Seguridad ciudadana

Sergio Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, aseguró que el incremento es notable en la zona rural.

“El conflicto que se viene suscitando entre Eln y Los Rastrojos a causa de la lucha por el control del paso de estupefacientes y de contrabando en la línea fronteriza, ha dejado una pugna desde donde se pretende hacerse de poder para consecuentemente controlar el microtráfico en el área urbana. Ello ha arrojado homicidios entre bandas”, dijo el secretario.

Martínez precisó que en lo corrido del año, el 58% de las víctimas de homicidio obedecen a personas que presentaban antecedentes. El 10% poseían medida de aseguramiento y el 2% tenía orden de captura. En cuanto al área rural, el secretario aseguró que de enero a julio el incremento de homicidios fue del 16%.

“La Secretaría ha unido esfuerzos con la Fiscalía y la Policía gestionando conjuntamente el arribo de más investigadores de la Dijín y grupos especiales al área rural y urbana a efecto de impactar dichas organizaciones delictivas”, añadió. 

Análisis de expertos

Para Jairo Libreros, experto en seguridad, consultor y analista internacional, augura que el resto de año, Cúcuta vivirá hechos de sangre de manera ascendente. 

“En medio de la pandemia perdimos el norte en la gestión de las políticas públicas. Aunque hay que entender que esta es una situación que obligó a las autoridades a destinar su mayor esfuerzo y efecto estratégico a contener la propagación de la COVID-19 y a conseguir apoyos económicos para asistir a los sectores más vulnerables. Lamentablemente, dejaron en un segundo lugar el liderazgo relacionado con la necesidad de garantizar la convivencia y la seguridad”, dijo el experto.

Libreros añadió que en Cúcuta los intereses por el narcotráfico, el  tráfico de armas, más la conflictividad relacionada de la disputa por la erradicación de los cultivos ilícitos en zona rural, han llevado a los ajustes de cuentas. 

La expansión 

Para Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación,  la expansión del Eln en Venezuela ha hecho endurecer el conflicto que vive hoy la zona de frontera.

“Como el Eln comenzó en la parte plana de Venezuela y allá ya logró ganar terreno hizo que muchas estructuras criminales (que estaban en ese lado) se vinieran a Colombia a generar una guerra con otras bandas locales y además contra el mismo Eln, que hace presencia en la frontera. Eso explica toda esa violencia que está pasando”, dijo Ávila. 

Para el analista, lo que le espera a la zona de frontera, tampoco es positivo.

“A todo esto hay que sumarle que Los Rastrojos son los responsables de muchas masacres y aunque las autoridades estén entregando importantes resultados, eso no es lo único. Debe haber estrategia integral para las organizaciones criminales que incluyan los temas de contrainteligencia, pero será difícil porque no habrá cooperación del lado venezolano”, dijo Ávila.

Para María Fernanda Fuentes, exsecretaria de Seguridad Ciudadana en Cúcuta, en la capital nortesantandereana no ha existido una política de seguridad.

“El alcalde (Jairo Yáñez) siendo el jefe de la Policía, por competencia le corresponde realizar la política de seguridad ciudadana que es fundamental para dar una línea clara de dirección. Deben plantarse estrategias de prevención, control y disuasión. Además, nombrarse un general (mayor rango) como encargado de la Policía Metropolitana”, dijo Fuentes.

La exsecretaria enfatizó que es necesario que también se fortalezcan los procesos de la justicia, porque de nada servirá que se capture a una persona y no se le dan una judicialización clara y adecuada. “Con esto se puede disuadir el delito”, precisó.

La Policía 

El coronel José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que el plan maestro para el año se modifica y reestructura cada que sea necesario.

“Estamos capturando sicarios cuando van a matar y hemos logrado esclarecer hechos en menos de 72 horas, gracias a la intervención que se ha hecho”, dijo el coronel.

En cuanto a la respuesta de capturas, el oficial aseguró que es necesario que se atienda en medio de esta crisis la situación de hacinamiento que viven los Comandos de Atención Inmediatas (CAI) y la cárcel de Cúcuta. 

“Estamos capturando, pero ya no hay más espacio. A veces, los antiguos internos no permiten el ingreso tras desconocer si tienen o no el coronavirus”,alertó el coronel.

La violencia en el departamento

Si bien, el Eln y el Epl históricamente han coexistido en el Catatumbo, la posibilidad de expandirse a finales del 2017 hacia los territorios que pertenecían a las Farc, una vez firmado el Acuerdo de Paz, condujo a que estos dos grupos declararan un enfrentamiento abierto, dejando de lado un pacto de no agresión que se había acordado en 2015.

Así lo reveló un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) donde además destacó la existencia de 28 estructuras armadas ilegales a lo largo de la frontera que Colombia comparte con Venezuela (2.219 kilómetros).

Entre estos grupos armados que operan en ambos países atravesando  siete departamentos, concentrándose especialmente en Norte de Santander, Arauca y Vichada, se cuentan el Eln, Epl, Los Rastrojos, Clan del Golfo, disidencias de las Farc, organizaciones criminales de carácter transnacional como Los Pranes y el Cartel de Sinaloa. Además de bandas criminales conocidas como  La Frontera, La Línea, La Zona, Los Mercenarios, Los Palmar, Los Caradura, Los Pachenca y Los Puntilleros, entre otros.

De acuerdo al informe de Pares, la guerra en la frontera se concentra alrededor de las trochas, pues el cierre del paso legal entre Venezuela y Colombia, ocasionado por la ruptura de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de ambos países, incrementó el flujo migratorio por estos pasos y se generaron lugares de paso nuevos, “con lo que a su vez aumentó la renta de los cobros extorsivos y otras actividades ilegales por las que se disputan estos actores ilegales”.