Magistrados, jueces, secretarios de juzgado, entre otros funcionarios judiciales y abogados, fueron llamados a responder ante la justicia por diferentes delitos o resultaron inmersos en investigaciones disciplinarias, en 2016.  

Entre estos casos, se destaca el escrito de acusación que presentó la Fiscalía en contra de Carlos Garnica Vargas, exjuez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad, por su presunta comisión en los delitos de  prevaricato por acción y el mismo delito agravado (el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley).

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalló ante los magistrados de la sala penal dos de los casos materia de juicio, en los cuales Garnica Vargas presuntamente incurrió en ilegalidad al conceder la detención domiciliaria a Yoiner Romero Carrascal y a Víctor Manuel Salazar Gil, condenados a 22 y 9 años de prisión, respectivamente, por un juzgado especializado.

En ambos casos, Garnica Vargas argumentó que los condenados eran padres cabeza de familia, sin tener en cuenta la peligrosidad y antecedentes de cada uno de ellos.  En el caso de Romero Carrascal, solo pagó 18 meses en la cárcel, detalló la Fiscalía.

Remates

Francisco Rogelio Niño Jaime, juez segundo de tierras de Norte de Santander; édgar Cruces Medina, juez civil municipal de Los Patios; Luisa María Carvajal López, oficial mayor del juzgado civil municipal de Los Patios; Wolfang Ricardo Báez Sepúlveda, secretario del juzgado civil municipal y los abogados litigantes  Farid Zafra Arias y María Cristina Uribe Vera, fueron capturados en Cúcuta en un operativo adelantado por la Fiscalía en asocio con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Jesús Orlando Ospitia, director de fiscalías nacionales, sostuvo que la investigación tardó un año y son acusados de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho y concusión.

Según Ospitia, el modo de operar consistía en, una vez iniciado el proceso ejecutivo en contra de un deudor, el juez civil libraba el correspondiente mandamiento de pago y sobre la base de quedar saneado el crédito, disponía del remate de los bienes embargados.

“Sin embargo, lo que la investigación ha podido determinar es que, a pesar de que el deudor lograba ponerse al día con su deuda, su bien era rematado. Peor aún, los que lograban hacerse a este bien rematado, eran postores previamente concertados, sobre la base de que ya habían consignado el 70% del valor del inmueble a rematar. El 30% restante que se pagaba sobre el inmueble rematado, era lo que se repartían entre todos”, señaló.

Ospitia aclaró que, si bien no se ha podido establecer a cuánto asciende el monto de lo que los seis capturados se habrían repartido, sí se sabe que participaron en al menos 6 casos de este tipo.

Sanciones

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a dos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, suspendiéndolos de sus cargos por 12 meses.

Se trata de los magistrados Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis Ramírez, quienes en un fallo de segunda instancia condenaron a la petrolera Ecopetrol al reintegro de un trabajador.

La falta consistió, según la Sala Disciplinaria, en adicionar a la sentencia la posibilidad de que, de no optar por el reintegro, el empleado recibiera una millonaria indemnización ($1.365 millones), cifra calculada desde el día del despido (30 de marzo de 2010) hasta que llegara a pensionarse, tomando como base el último salario recibido, con todas las prestaciones legales y extralegales que le faltaren por devengar como trabajador directo de la compañía.

Motivada en estos hechos, la Sala Disciplinaria precisó que los magistrados se extralimitaron en sus funciones decidiendo un asunto de aspecto económico al interior de una tutela y por fuera de los mandatos constitucionales y legales.

La falta disciplinaria imputada a Galvis y Castañeda fue a título de grave culposa, pero “no se demostró dolo en el acto a ellos reprochados, ni menos que su conducta fuera premeditada o que incidieron motivos o intereses que los llevaran a actuar de esa manera. Las pruebas arrojan la conclusión de que fue la negligencia y el deber de cuidado al momento de interpretar la norma”, señaló la Sala en su decisión.

Otras

Esta no es la primera vez que el magistrado Fernando Castañeda Cantillo está vinculado en una investigación.

En septiembre de 2015, su nombre salió a relucir en un ‘carrusel’ que estaría conformado por jueces de la República y que habría puesto en peligro millonarios recursos de Ecopetrol, todo por fallar más de 900 tutelas para reconocer pensiones, presuntamente ilegales.

Caracol Noticias reveló que Castañeda Cantillo haría parte de un grupo de jueces laborales que, según investigaciones de la Fiscalía, condenaron a Ecopetrol a pagar, de manera irregular, cerca de 1.3 billones de pesos.

Félix María Galvis, compañero de sala de Castañeda, Samuel Darío Rodríguez Duarte, juez tercero laboral del circuito, y la exjueza Amparo Disney Mendoza, fallaron, en tan solo dos años, varias tutelas con las cuales reconocieron mesadas a 959 funcionarios y exempleados de la compañía.

Según la Fiscalía, al hacer esto cometieron al menos tres graves irregularidades: en primera medida, violaron una orden de la Corte Constitucional según la cual los reajustes pensionales no pueden ser concedidos por tutelas; además, juzgaron casos que estaban fuera de su jurisdicción (ya que los beneficiarios de la tutela fueron empleados en campos y oficinas de Ecopetrol de Cartagena, Sabana de Torres o Puerto Berrío, pero nunca de Cúcuta) y finalmente, habrían manipulado el sistema de repartos para que la mayoría de estas tutelas llegaran a sus despachos.

Condena

Heriberto Álvarez Gamboa, en su condición de Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, fue condenado a 4 años de prisión domiciliaria por prevaricato por acción tras una demanda instaurada contra la Comunidad de Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta.

También se conoció que habría sido llamado a responder por el presunto favorecimiento en un fallo de tutela para el traslado del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo de La Picota a la Cárcel del Chofer en Cúcuta, de donde salió libre siete meses después (el 4 de marzo de 2005). 

Repartos

También los funcionarios judiciales César Villamizar Núñez y Jaminson Gómez Salcedo fueron condenados a 88 meses de prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito que los halló responsables de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado y falsedad material en documento público agravado.