La Fiscalía Novena  delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta formuló el miércoles la acusación en contra de Carlos Garnica Vargas, exjuez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad, por su presunta comisión en los delitos de  prevaricato por acción y el mismo delito agravado (el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley).

Garnica Vargas, de 58 años, y quien se encuentra en libertad, pero vinculado al proceso tras  serle revocada la medida intramural en la cárcel de La Picota, asistió a la diligencia en el tercer piso del Tribunal, acompañado de su abogado.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalló ante los magistrados de la sala penal dos de los casos materia de juicio, en los cuales Garnica Vargas presuntamente incurrió en ilegalidad al conceder la detención domiciliaria a Yoiner Romero Carrascal y a Víctor Manuel Salazar Gil, condenados a 22 y 9 años de prisión, respectivamente, por un juzgado especializado.

En ambos casos, Garnica Vargas argumentó que los condenados eran padres cabeza de familia, sin tener en cuenta la peligrosidad y antecedentes de cada uno de ellos. En el caso de Romero Carrascal, solo pagó 18 meses en la cárcel, detalló la Fiscalía.

Los hechos fueron denunciados por el director de la Fiscalía Nacional Especializada Contra el Terrorismo, Juan Hernando Poveda Parra, quien advirtió sobre las irregularidades del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta.

¿Quiénes son?

^{(Izquierda) Víctor Manuel Salazar Gil, ‘El Flaco’, fue detenido el 16 de junio de 2014 tras un allanamiento a un hotel donde se encontraron 15 granadas para mortero. (Derecha) Yoiner Romero Carrascal, ‘Gonzalo’, fue sentenciado por la muerte de cinco policías en el municipio de González (Cesar).}

Yoiner Romero Carrascal, ‘Gonzalo’, fue sentenciado por la muerte de cinco policías en el municipio de González (Cesar), a quienes les robaron además su armamento. 

Este hombre fue capturado por la Trigésima Brigada del Ejército el 10 de julio de 2013. Ese día le incautaron tres pistolas, memorias, celulares y material alusivo al Eln.

Para entonces, el general Juan Pablo Amaya, comandante de la Segunda División del Ejército, informó que ‘Gonzalo’ se desempeñaba como cabecilla de la comisión de finanzas de la Compañía Comandante Diego y cobraba vacunas a productores de pasta base de coca.

‘Gonzalo’ también fue responsabilizado del robo de 5.150 galones de biodiesel, el primero de septiembre de 2011, que eran transportados en un carrotanque de Petronorte que cumplía la ruta Bucaramanga-Aguachica-Convención.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, rebelión, apoderamiento de hidrocarburos y porte ilegal de armas de fuego.

Yoiner Romero Carrascal llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó los cargos imputados, a cambio de un descuento del 50 por ciento en la pena, siendo condenado en agosto de 2014.

Sin embargo, el 13 de febrero de 2015, Garnica Vargas le concedió la detención domiciliaria sin vigilancia electrónica por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Situación que fue aprovechada por ‘Gonzalo’ para escapar.

Según la Fiscalía y la Procuraduría, por la alta peligrosidad del condenado, le advirtieron a Garnica Vargas sobre el riesgo que esto significaba. Sin embargo, pesó más la petición del condenado de que tenía supuestamente un hijo desamparado.

Garnica Vargas, quien fue calificado como un funcionario con 28 años de experiencia como juez, no tuvo en cuenta que la sentencia en contra de Romero Carrascal incluía el delito de homicidio agravado y perpetró acciones contra la Fuerza Pública.

“Un experimentado juez no investigó ni confirmó el entorno familiar del condenado (…) En este caso, no se cumplían con los derechos para dicha sustitución (…) su conducta fue ilegal”, señala un aparte del escrito de acusación.

Igual proceder tuvo el juez Garnica Vargas, -según el ente investigador- con el condenado Víctor Manuel Salazar Gil, ‘El Flaco’, quien fue detenido el 16 de junio de 2014 tras un allanamiento a un hotel donde se encontraron 15 granadas para mortero, siendo señalado por la Policía como integrante de las Farc.

Tras llegar a un preacuerdo, Salazar Gil fue sentenciado el 16 de octubre de 2014, siéndole concedida la detención domiciliaria el 28 de abril de 2015.

Otras

Entre otras decisiones similares se encuentra la concedida a Yorman Eduardo Vargas Rodríguez, condenado a cuatro años de prisión el 5 de septiembre de 2011 por concierto para delinquir agravado y señalado de ser cabecilla de Los Rastrojos en Puerto Santander.

También, la concedida a Máximo Cuesta Valencia, jefe de las Águilas Negras en Puerto Santander, quien recibió la casa por cárcel en el corregimiento de Banco de Arena, donde precisamente era su zona de influencia delictiva.

Otras indagaciones

En medios judiciales se recordó que varias de estas decisiones del exjuez fueron apeladas por el exprocurador Carlos Fernando Mendoza, víctima de un atentado el 13 de junio de 2012, y quien antes de su exilio denunció esta situación en el programa Especiales Pirry de RCN.

“No fue en algunos casos que interpuse  recurso de apelación, fue en la mayoría de esas decisiones que a mi sentir no estaban ajustadas  a derecho y de eso tenía pleno conocimiento el Tribunal de Cúcuta. No sé si sea cierto que dicho personaje (Garnica) esté comprometido en mi atentado”, señaló Mendoza a La Opinión.

A ello se suman las amenazas que recibió por parte de desconocidos el conjuez Crisanto Esteban Jaimes, quien perteneció a la sala disciplinaria, las cuales  habrían surgido tras la orden de apertura de un proceso disciplinario contra Garnica Vargas por estos mismos hechos.

Por su parte, el exjuez, que este año renunció a su cargo luego de una licencia, se ha defendido de todos estos señalamientos asegurando que todo se trata de un ‘matoneo judicial’ en su contra.