El coronel Fabio Misael Cristancho Guerrero, quien asumió como coordinador de la dirección de carabineros de la Región Cinco de la Policía y luego como subcomandante en Norte de Santander (Denor), fue llamado a responder ante la justicia por su presunta relación con paramilitares y la muerte de un habitante de la calle. 

La decisión está contenida en una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, fechada el 30 de enero pasado, y revelada por el portal www.verdadabierta.com.

También deberán responder empresarios, mineros, comerciantes, exalcaldes, oficiales y exoficiales del Ejército, así como operadores judiciales que se fueron adhiriendo a la causa paramilitar, no solo con ayuda económica, sino logística.

La magistratura conceptuó que todas estas personas “auspiciaron, financiaron y promovieron la causa paramilitar a cambio de la protección de sus territorios y sus intereses económicos”.

La Sala de Justicia y Paz ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía para que se investigue a más de 50 personas, entre ellas también al ganadero Santiago Uribe Vélez, no sólo por concierto para delinquir, “sino por su responsabilidad en la ejecución de los crímenes y de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”. 

En el grupo de “aportes voluntarios” fue incluido Santiago, hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Esta compulsa de copias se suma a la investigación que se adelanta contra Santiago por su relación con el grupo armado ilegal que operó en el norte de Antioquia, conocido como ‘Los Doce Apóstoles’, razón por la cual está detenido desde el 29 de febrero del año pasado.

Señalado por ‘para’ 

Para comienzos de la década del 2000, el coronel Cristancho Guerrero estaba adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el grado de mayor y articulado a un grupo especial que combatía los grupos armados ilegales.

Bajo juramento y en versión libre -informó el portal- el postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra, hombre cercano a Vicente Castaño y considerado el ‘canciller de las Auc’, aseguró ante jueces y fiscales que este oficial “estaba en la nómina del grupo armado y recibió dinero a cambio de solucionar los problemas judiciales que tenían sus integrantes, entre otros favores”. 

También de haber participado en “la ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria de un habitante de la calle, a quien hicieron pasar como terrorista”, señaló el postulado. 

La voluminosa sentencia está dividida en dos grandes capítulos: el primero referido a las acciones paramilitares en diversas regionales del sur de Chocó y a quienes fueron sus auspiciadores y financiadores. El segundo, a las actuaciones criminales en el suroeste antioqueño y en algunos municipios del Valle de Aburrá, y a sus aliados económicos y logísticos.

Para la magistratura es claro que, en el caso del suroeste antioqueño, “con la participación de la Fuerza Pública, también se fomentó la actividad de los paramilitares. De acuerdo con la evidencia disponible, la Fuerza Pública prestaba la más variada colaboración de manera permanente, desde la entrega de armamento y munición, hasta el apoyo e información en las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”.

A través de los relatos de los exparamilitares, brotaron los nombres de guarniciones militares como la Unidad de Infantería Marina Bafin 6, adscrita al Batallón Manosalva Flórez, que “prestaba sus embarcaciones para transportar a las autodefensas” y varios de sus miembros tuvieron contacto con los paramilitares entre los años 1998 y 2000.

En el Chocó

Uno de los detalles con relación al capítulo del Chocó es que de 203 compulsas de copias enviadas a la justicia ordinaria para que sean investigados decenas de comerciantes, mineros, políticos y operadores judiciales, entre otros, los resultados son nulos. 

De acuerdo con un informe aportado a la magistratura por el Fiscal 20 Delegado, de las copias y las investigaciones adelantadas por la Fiscalía se tiene que: “44 de ellas ni siquiera aparecen registradas en el Sijuf (Sistema de Información Judicial de la Fiscalía - Ley 600); 17 no registran actuación alguna; 20 están pendientes de avocar conocimiento; 11 de las investigaciones se encuentran suspendidas; solo 7 se encuentran en práctica de pruebas; y 4 de ellas fueron remitidas a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.