El abogado y  excongresista Luis Jesús Botello Gómez, Manuel Salvador Navarro Urón, Carlos Ayala Peñaranda y Edda Cáceres recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro de un proceso investigativo adelantado por la Fiscalía por delitos relacionados con fraude procesal, uso de documento público falso, estafa agravada, además de falsedad ideológica.

La audiencia de imputación de cargos culminó esta semana ante el Juzgado Tercero Penal  Municipal de Cúcuta, en el cual además están vinculados Ramona Aminta Sanguino Abril, Ramón Peñaranda Pabón, Víctor Hugo González, Pedro José Mendoza Ortega (exconcejal y exalcalde de Arboledas) y Rodolfo Osorio Sánchez, en un juicio que hasta ahora comienza y podrían incluir a más personas.

Según se conoció, entre los imputados se encuentran empleados de la oficina de talento humano  de la Alcaldía de Cúcuta que, años atrás, habrían emitido presuntas  certificaciones de trabajo falsas que sirvieron para pensionar a personas, en algunos casos sin haber pisado nunca la administración  municipal.

Entre los encargados de emitir dichas certificaciones y firmas están Navarro Urón, Ayala Peñaranda y Edda Cáceres, esta última quien denunció los hechos irregulares en que se obtuvieron los formularios (CLEBP) con destino a la emisión de los bonos pensionales o para el reconocimiento de pensiones. Además, de una menor de edad (practicante de la Alcaldía) que habría sido utilizada para dichos fines.

Colpensiones también denunció porque los implicados no cumplían los requisitos necesarios para su pensión, ni aportaron los certificados para tener derecho a dicho beneficio.

Por ahora, Mendoza Ortega habría aceptado utilizar a un tramitador en la agilización de su proceso pensional y no haber cobrado al descubrir el fraude. Los demás deberán demostrar los supuestos tiempos laborados con soportes de los archivos municipales o anexar la  documentación que así lo acredite como los aportes a una caja de compensación o al sistema  de salud (en caso de no ser hallados en las estanterías de los archivos). 

“Se expidieron certificados (pensionales) que no tienen soportes”, señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación.

La defensa de los procesados pretende demostrar que dichos soportes se perdieron o refundieron en medio de una reorganización del archivo municipal cuando se contrató una empresa externa para su digitalización en el periodo del exalcalde  Donamaris Ramírez.

La medida de aseguramiento fue apelada por la defensa de los procesados. Por ahora, no se ha definido la fecha para la audiencia de la formulación de la acusación.

Otro caso

Cabe recordar que en mayo, la Fiscalía 179 de la Unidad Nacional Anticorrupción, con sede en Bogotá, formuló la acusación en contra de la directora de Comfanorte Claudia Cecilia Uribe Rangel (señalada de defraudar a Colpensiones en su proceso de jubilación) y de Piedad Cecilia Delgado Trujillo por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

La audiencia se llevó a cabo ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, a la cual comparecieron las imputadas, quienes gozan de medida de aseguramiento, no privativa de la libertad.

En el escrito, el ente investigador detalló los hechos en que Lino Galavis Girón (fallecido), propietario de la empresa Café Galavis, denunció (29 de noviembre de 2016) ser víctima de suplantación y uso indebido de su nombre, al pretender hacer pasar a Uribe Rangel como su exempleada.

La finalidad, al parecer, era completar las semanas de cotización que a ella le faltaban para trasladarse del régimen privado (Protección) al de Prima Media de Colpensiones (anterior Instituto de Seguros Sociales) para obtener mayores beneficios.