El 8 de octubre de 2019 una ‘noticia bomba’ estremeció a la cárcel de Cúcuta. Ese día, desde muy temprano se conoció sobre el operativo que ejecutaba la policía judicial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), apoyada por investigadores de la Región 5 de Policía y la Fiscalía Séptima Especializada, contra un personal que laboraba dentro de esa prisión.

El grupo de uniformados buscaba desarticular una presunta red de microtráfico que llevaría varios años delinquiendo dentro de la penitenciaría de la capital nortesantandereana, obteniendo ganancias millonarias. Dicha banda fue identificada como Los Pitufos y, según el reporte judicial, era integrada por seis dragoneantes del Inpec y una mujer que tenía una tienda al frente de la cárcel.

Llegar a conocer los movimientos de esta banda no fue nada fácil para las autoridades judiciales. A pesar de que desde hacía varios años por los pasillos de la Fiscalía se hablaba de esa organización, nadie se atrevía a seguirle el rastro, porque todo sucedía dentro de la cárcel y ‘lo que pasa allá adentro, se queda allá’, según la ley que se maneja en el centro penitenciario. Aunque algunos investigadores intentaron ‘meterle el diente’ a la organización, siempre fallaban, porque jamás encontraban una prueba contundente ni a alguien que les ayudara.

Por eso, en enero de 2019, para la Fiscalía fue una gran sorpresa saber que la policía judicial del Inpec consiguió que un recluso se arriesgara y les ayudara a saber en detalle cómo se movía esta organización en la cárcel y quiénes la integraban. Ante eso, las autoridades judiciales organizaron todo para que arrancara la investigación, que duraría nueve meses.

¿Pero quién fue la ficha clave de esta gran investigación? Se trataba de José Miguel*, un hombre que cayó preso a finales de 2017 por hurto, delito que él asegura que no cometió (después un tiempo su presunta víctima así lo reconoció), pero fue condenado a más cuatro años de cárcel.

Él asegura que decidió ayudar a los investigadores porque la estaba pasando muy mal en prisión. “Antes de caer preso yo estuve en la red de cooperantes del Ejército, porque trabajé como funerario, soy tanatólogo, y conocía mucha gente. Yo no sé cómo en la cárcel se enteraron de la colaboración que estaba prestando y comenzaron a tildarme de sapo. Además, como yo denunciaba los maltratos que sufríamos, me golpearon y hasta me apuñalaron siete veces. Vivía un infierno, llegaron a ponerle precio a mi cabeza”, cuenta José Miguel*.

Agregó: “hasta los mismos guardias del Inpec se prestaron para que hicieran lo que quisieran conmigo. De todos los patios me echaban, nadie me hablaba y el que se atrevía hacerlo, lo amenazaban. Fue terrible. Para evitar que me mataran, a mi familia le tocó pagar más de 10 millones de pesos”.

 Una oferta tentadora

Pese a todo esto, José Miguel* no se cansó de denunciar lo que estaba viviendo, así ya nadie le prestara atención, y precisamente en una de esas oportunidades que estuvo frente a un funcionario judicial del Inpec, este le propuso que si quería volver a estar tranquilo, debía colaborarles infiltrándose en una presunta banda de microtraficantes que había dentro de la penitenciaria.

“El policía judicial me dijo, ‘mijo usted ya sabe cómo son las vueltas acá adentro. Usted sabe quién la entra (droga) y quién la vende. Colabórenos, díganos todo lo que sabe y yo hablo con la Fiscalía y le damos una figura de agente encubierto, y tan pronto termine eso, le darán 12 millones de pesos y fuera de eso le dan la domiciliaria o la condicional’”, contó José Miguel*.

Ante tal ofrecimiento, José Miguel* no se pudo rehusar y aceptó. Él comenzó a contarle en detalle cómo se movía la droga dentro de la cárcel de Cúcuta, pero ya no solo era a la policía judicial del Inpec, sino también investigadores de la Región 5 de Policía, bajo la supervisión de la Fiscalía Séptima Especializada.

Luego de varios días de reuniones clandestinas dentro de la prisión, pues él debía hacerlo todo bajo un sigilo único, sin despertar sospechas con los otros reclusos o los mismos guardias, le entregaron un reloj que tenía una cámara espía, al igual que otros implementos, como celular y dinero, entre otras cosas, para que comenzara a trabajar como agente encubierto.

“Eso fue a mediados de enero de 2019. Todo parecía tan fabuloso, aunque sabía los riesgos que iba a correr, pero ya estaba cansado de que me maltrataran y me apuñalaran”, explicó este informante.

Arrancó la peligrosa misión

“Me dijeron que lo primero que debía hacer era comprarle droga a los dragoneantes, para comenzar a expenderla en el patio donde me tenían. Tal fue la misión que me pusieron, que los mismos policías judiciales fueron quienes dieron la plata”, señaló José Miguel*.

Según este hombre, una vez obtuvo el dinero, habló con los dragoneantes Hernández y Trujillo, “quienes eran los ‘duros’ de la droga dentro de la prisión. Después de ellos era el sargento Araque”. Luego de ese contacto, sin despertar una sola sospecha y ganándose poco a poco la confianza, los funcionarios le habrían dicho que pusiera un millón y medio de pesos para entregarle lo que estaba pidiendo.

“Con esa plata, que era de las mismas autoridades, me dieron dos kilos de marihuana y 250 gramos de perico. Días después los dragoneantes pensaron que yo tenía mucho dinero y comenzaron a extorsionarme. Cada vez que me buscaban, debía consignarles $200 mil o $300 mil, una vez me quitaron hasta $600 mil, mi mamá tuvo que poner dinero para que me dejaran de molestar, pues ellos me decían que yo ya era un jíbaro y sabían que estaba ganando buen billete”, manifestó José Miguel*.

El desespero de este hombre por esa situación, lo llevó a buscar una y otra vez a sus contactos con la policía judicial para que lo ayudaran, pero fue muy poco lo que hicieron, sin embargo, pensando en lo que le habían ofrecido, decidió seguir adelante con la operación, en medio de un ambiente de tensión, pues algunos de los reclusos temían que los estuviera ‘entregando’ a las autoridades.

“Yo seguí comprando droga y cuando me daban la plata para hacerlo, llenaba una bitácora de la Fiscalía. Es más, lo que adquiría y vendía en el patio debía anotarlo, así fuera una papeleta. Se escribía en detalle todo, quién tenía la droga, el dinero a dónde lo llevaban, qué dragoneante me traía la droga. De todo eso quedó constancia”, sostuvo el informante.

“Después de varios meses, comenzaron a caerme los mismos guardias y los ‘caciques’ de algunos patios, todos me pedían plata. Eso me cansó y hasta decidí entregar una droga que tenía escondida en una raqueta, yo ya me sentía que me dejaron solo y estaba corriendo peligro”, agregó.

Su trabajo de infiltración fue tan bueno que él logró tener confianza con la mujer que tenía una tienda al frente de la cárcel, que era donde llegaba todo tipo de mercancía, celulares, radios, pero especialmente droga, y de ahí los funcionarios corruptos del Inpec metían todo a la penitenciaria.

“A esa tienda la llamaban la trocha, quien estaba ahí era doña Amparo y para poderle llegar, la busqué para que por medio de ella, mi esposa me hiciera llegar unas cosas. Y sí, una vez hicimos contacto, me dio las indicaciones a quién le debía dar el dinero para que me entregaran lo que me mandaron”, señaló este hombre.

Añadió: “ya con eso, yo les entregué toda la información a los de la Fiscalía y ahí comenzaron a chuzar los teléfonos de ella y de los dragoneantes. Esa era la única forma de tener mucha más información, porque adentro de la cárcel todo es muy difícil, los del Inpec no confían en nadie y además tienen anillos de seguridad con los mismos reclusos, quienes son capaces de matar por ellos”.

Tal era la seguridad que tenían montada los del Inpec, que José Miguel* aseguró que para la compra de la droga debía entrevistarse primero con varios presos y una vez lograba convencerlos de que no era un ‘sapo’, podía negociar con los dragoneantes.

“Cuando pude hablar con el dragoneante Hernández y le dije que ya me había entrevistado con los internos y con doña Amparo, él me dijo que no había problema. A partir de ahí también comenzaron a chuzarle los teléfonos a todos, pues la cucha me dio los números de teléfonos de todos ellos y eso mismo se lo entregué a la Fiscalía”, narró el hombre.

Tal fue la confianza que logró ganarse con los de la red de microtráfico, que cada vez que algún recluso quería contactarse con la mujer de la tienda o con los funcionarios del Inpec, lo hacían por intermedio de él o a través del celular que los funcionarios judiciales le habían dado, así les quedaba más fácil escuchar todo lo que hablaban.

Algunas pruebas

José Miguel* recordó que durante los nueve meses que duraron las pesquisas, las autoridades judiciales lo obligaron a preparar unas supuestas entregas de droga dentro del centro carcelario, pero que al final nada de eso era cierto, logrando así recopilar mucha más información sobre esta red.

“En una oportunidad los policías judiciales me dijeron que hablara con doña Amparo para poder entrar un pantalón que venía impregnado de droga, pero todo era mentiras. Cuando ya tenía todo cuadrado para que ella me ayudara a entrarlo a la cárcel, todo resultó ser mentira y ahí casi me pillan”, manifestó.

Añadió: “en ese momento que no hubo nada para entrar, los dragoneantes Hernández y Castillo, que estaban en la parte nueva de la cárcel, me brincaron, pues me dijeron que yo cómo hacía eso, que los metí en un problema, porque ya tenían todo listo para entrar el pantalón que venía con droga y que si eso no pasaba, les tocaba pagarle a la cucha”.

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Aunque, por lo sucedido, alcanzaron a desconfiar, él logró convencer a los funcionarios del Inpec de que la esposa fue quien se asustó y no quiso entregar el pantalón. Pero al final logró convencerlos y tener una confianza tan grande que le soltaron uno de los números de celular que les hacía falta a las autoridades, “fue el del sargento Araque, quien manejaba todo adentro, pero que no se dejaba ver. Para todos era un santo”.

Apuestas y hurtos

Dentro de las pesquisas las autoridades también lograron establecer que al interior de la cárcel los guardianes del Inpec manejan todo tipo de apuestas con los internos, especialmente con los que llaman ‘caciques’, quienes son los que imponen sus leyes en los patios.

“De Hernández puedo decirle que es adicto a las apuestas, al perico y a la marihuana, con Luna y otros dragoneantes. Cada vez que él me llamaba me extorsionaba, me pedía plata que porque yo vendía droga. Una vez le consigne $600 mil porque se la pasaba apostando plata con los ‘caciques’ de otros patios, por las noches. Uno con los que se la pasaba jugando era con ‘Pipo’, el que era de Los Rastrojos, pero que ya mataron. Otro era Édgar Pabón, explosivista también de este grupo”, indicó el informante.

Agregó: “estos dos tipos eran muy amigos de los dragoneantes y siempre apostaban de uno o dos millones.”.

Pero mayor fue la sorpresa para los investigadores, cuando confirmaron que dentro de la cárcel también se estaban planeando atracos y homicidios en diferentes puntos de Cúcuta.

“Durante esta misión yo logré hacerme amigo de un venezolano que resultó ser familia del dragoneante Jefferson Castillo y en una oportunidad yo le estuve comentando sobre un hurto que se podía hacer y él me dijo que no me preocupara que tenía la flecha para eso, que nos daba hasta un carro para cometerlo. Resultó ser Castillo”, comentó José Miguel*.

Añadió: “él (venezolano) me dijo que el dragoneante se encargaba de hurtos y homicidios que se coordinaban dentro de la cárcel. Es más, usted recuerda el asesinato de alias ‘Marrano’, que era el ‘pluma blanca’ del patio 24 y salió con 72 horas de permiso y lo mataron fue por lo mismo, ellos se encargaron de todo eso. Yo le entregué todas las pruebas a la Fiscalía de eso y hasta las grabaciones de las conversaciones con el venezolano. Además, me enteré que Castillo y otro dragoneante de apellido Bermont prestaban los carros para los robos y que también tenían uniformes de la Policía para cometer todo eso”.

¿Pero cómo cometían estos delitos? Según el informante, los dragoneantes presuntamente buscaban a los presos que salían con el permiso de 72 horas, para que se encargaran de los robos o crímenes, facilitándoles vehículos y posiblemente armas.

“Al ‘Marrano’ lo mataron porque se les volteó. Al principio los policías judiciales no me creyeron, pero cuando corroboraron todo, ahí si me dijeron que me iban a incentivar aún más por eso”, sostuvo el informante.

Pillado con droga

Pero lo que el informante de las autoridades no esperaba es que antes de que todo finalizara y él lograra disfrutar de lo que le habían prometido, unos funcionarios del Inpec, lo pillarían con la droga que había comprado con el mismo dinero que le daban los de policía judicial.

Según este hombre, alguien alertó a los guardias de que él tenía droga en la celda, por eso en una revisión sorpresa se la hallaron y eso provocó que le dieran seis meses más de prisión.

“Como yo no podía decir que era un agente encubierto de la Fiscalía, porque me podían matar, me tocó aguantarme toda la humillación, aunque busqué al policía judicial del Inpec con el que estaba trabajando para que me ayudara, rogándole que no dejara que me hundieran más y que hablara con la Fiscalía, porque sabía que yo compré esa droga porque ellos me lo ordenaron, pero él no hizo nada, me tocó calarme ese tiempo de cárcel que me dieron”, manifestó.

Golpe final

Después de nueve meses de investigación, donde los hombres de la policía judicial del Inpec y los de la Sijín de la Región 5 de Policía, acompañados por la Fiscalía, lograron interceptar celulares, grabaron las compras controladas de la droga y recopilaron el testimonio de José Miguel* como agente encubierto, entre otras pruebas, se comenzó a preparar el golpe fuerte para desarticular esa organización de microtráfico dentro de la penitenciaría de Cúcuta.

Aquí: Llevaba una caleta de marihuana cripy

Lo primero que las autoridades hicieron fue que a José Miguel* lo trasladaran de cárcel, pues sabían que cuando se dieran las capturas comenzarían a indagar quién los había delatado y para evitar ponerlo en riesgo, pidieron esa medida.

Una vez lograron el traslado del informante, los investigadores ejecutaron la operación el 8 de octubre de 2019, capturando al inspector jefe Luis Raúl Araque Vera, los dragoneantes Jefferson Castillo Rodríguez, Luis Alberto Torres Guerrero, Nelson Eduardo Jaimes, Carlos Alberto Hernández Alarcón, Luis Carlos Gómez Pabón, la dueña de una tienda al frente de la cárcel, Amparo Gallardo Sierra y Rudi Handerson Rodríguez, primo de uno de los funcionarios del Inpec. 

 En las interceptaciones se reveló que Rudi Rodríguez, primo del dragoneante Jefferson Castillo, transportaría 38.5 kilos de marihuana Cripy en el baúl de un carro Peugeot.

Operación contra  Los Pitufos

La investigación inició el 12 de enero de 2019 tras recibir los datos aportados por el recluso y otro funcionario del Inpec, sobre cómo se traficaban las sustancias estupefacientes en la cárcel.

El inspector jefe Luis Raúl Araque Vera, era el líder, y lo secundaban los dragoneantes Jefferson Castillo Rodríguez, Luis Alberto Torres Guerrero, Nelson Eduardo Jaimes, Carlos Alberto Hernández Alarcón, Luis Carlos Gómez Pabón.

Ellos ingresaban la droga al complejo carcelario por encargo de los presos, jefes de patio o llamados ‘caciques”.

La misión de Araque Vera era coordinar la ubicación de los dragoneantes en los puestos de control de ingreso al penal y garitas de vigilancia por donde se iba a pasar la droga, para que no se presentaran inconvenientes. Los estupefacientes también eran arrojados desde el exterior por uno de los muros traseros, donde los guardianes de las garitas se hacían los de ‘la vista gorda’.

En las interceptaciones las autoridades detectaron que una mujer, que tenía una tienda frente a la cárcel, era la proveedora de la droga. Fue identificada como Amparo Gallardo Sierra, de 53 años, al momento de la detención le hallaron $4 millones.

En las interceptaciones también se dieron cuenta de que planearon hurtos en Ocaña (donde esperaban conseguir 5 kilos de oro) y en Cúcuta el asalto a un ciudadano, que tenía prendas de oro.

En la escucha de las conversaciones por celular también se reveló que Rudi Rodríguez, de 33 años, primo del dragoneante Jefferson Castillo, transportaría 38.5 kilos de marihuana Cripy en el baúl de un carro Peugeot, proveniente del Cauca, siendo capturado en agosto, en el sector Picapiedra, de Pamplona.

En el celular del dragoneante encontraron cómo se dio la compra del vehículo, cómo fue el viaje a Bogotá, Cali y Palmira y cómo se camufló la droga.

Y precisamente, todo ese material probatorio con el que contaba la Fiscalía fue lo que ayudó a que Amparo Gallardo Sierra y el inspector del Inpec, Luis Araque Vera, llegaron a un preacuerdo, dos meses después de ser capturados.

Ellos fueron los dos primeros en aceptar los cargos. La mujer, de 53 años, y Luis Araque fueron condenados a 4 años de prisión y a pagar una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado, por concierto para delinquir agravado, con fines de narcotráfico.

El preacuerdo fue avalado por el Juzgado Tercero Penal Especializado Mixto de Cúcuta. De los otros detenidos no se pudo establecer en qué van sus procesos penales.

Todo un infierno

Pese a los buenos resultados de la Fiscalía, las cosas no le salieron como esperaba a José Miguel*. A pesar de todo su esfuerzo para ayudarles a las autoridades judiciales a cambio de beneficios, tanto monetarios como en su condena, no le cumplieron.

“De la cárcel de Cúcuta me trasladaron a la de Bellavista, en Medellín, allá se regó el chisme que yo había sido el sapo de las autoridades para que capturaran a los dragoneantes y toda mi vida se convirtió en un infierno. Todos los días me mojaban la ropa y me decían que yo tenía cámaras y micrófonos ocultos, me pegaban y hasta me dejaban durmiendo debajo de una escalera. Me amenazaron con matarme”, contó este hombre.

Según el informante, los maltratos y las amenazas venían por parte de los reclusos y los guardianes del Inpec de esa cárcel que está a más de 580 kilómetros de la capital de Norte de Santander. “Todo lo que yo hice por las autoridades se filtró. Me ‘vendieron’, a pesar de que me prometieron que todo sería bajo reserva y lo peor fue que no me dieron los $12 millones que me prometieron de recompensa”.

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Afectado por todo lo que estaba viviendo, José Miguel* denunció ante diferentes estamentos y logró que lo volvieran a trasladar de prisión, esta vez lo mandaron para la cárcel de Santo Domingo, ahí mismo en Antioquia, pero tampoco encontró paz, en ese sitio también contaron lo que él había hecho en la penitenciaria en Cúcuta y le hicieron su estadía imposible.

Ahí en ese lugar le tocó esperar hasta hace unos tres o cuatro meses para recobrar su libertad, pero por las constantes amenazas de muerte que viene recibiendo tuvo que buscar un lugar bien apartado de la capital nortesantandereana, donde nadie lo pueda encontrar para tratar de vivir medio tranquilo y no estar cerca de su familia.

“Lo peor es que hoy me comunico con los policías judiciales para que me ayuden y lo que me dicen es que siga escondido y que si necesito algo que desde un teléfono me envíe mensajes amenazantes a mi celular y que denuncie, que así me brindarán seguridad. Además, cada vez que pregunto cómo esa gente se enteró que yo me infiltré me dicen que no saben, que Hernández me mandó a decir que por qué yo les hice eso, cuando me dieron tanta confianza”, comentó el angustiado hombre.

*Nombre cambiado por seguridad.