El próximo 1 de julio vence, por segunda vez, el plazo para poner en marcha la Ley 1760 que dejaría en libertad a los presos a quienes en un año no les han resuelto su situación jurídica. Dicha situación producirá un gran número de solicitudes de libertad por vencimiento de términos ante la justicia en Norte de Santander.  

Se trata de una ley promovida, en 2015, ante el Congreso, por la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, sin tener en cuenta la peligrosidad o antecedentes de los imputados. La iniciativa tuvo que ver con las demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad y por la misma vía, descongestionar las cárceles del país.

La Ley entró en vigencia el 6 de julio de 2015 y un año más tarde el propio Gobierno la extendió un año más, al presentarse una avalancha de solicitudes de libertad.

“Es decir que una ley como la 1760 que podía beneficiar justamente con la libertad a un padre de familia que no pudo cumplir con su cuota alimentaria, también cobija a un sicario peligroso o un temido atracador”, señala un informe de la revista Semana, donde calcula que unos 12.000 presos recobrarían su libertad en Colombia.

En Cúcuta, la situación no es distinta y a la calle podrían regresar todas aquellas personas cobijadas con medidas de aseguramiento (domiciliarias o intramurales) que cumplan 365 días privados de la libertad, sin haber un sentido de fallo o condena en sus procesos.  

Cabe aclarar, que para los procesados en juzgados especializados, antes jueces sin rostro, con competencia en delitos aún más graves como el genocidio, la desaparición forzada, el secuestro extorsivo, el homicidio agravado, el terrorismo, la tortura, el apoderamiento de aeronaves, el lavado de activos y otros que vulneren el Derecho Internacional Humanitario, el plazo será el doble, es decir, de dos años.

Así, los jueces deberán fallar en un plazo máximo de 150 días, desde cuando arranca el juicio y en la justicia especializada 300 días.

Advertencia

Al respecto, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, ha advertido recientemente sobre lo que podría ocurrir.

“Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año, de tal manera que debe haber condena, a lo sumo en un año. Eso va dar lugar a excarcelaciones masivas”, notificó.

“Las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año. Hoy,  hay represadas 112.000 audiencias en el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas. El número de jueces, en 1994, cuando yo era ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy en 2017, 23 años después. Adicionalmente, el sistema demuestra que en un año ni siquiera se alcanza a instalar el juicio oral. ¿Cómo se expidió entonces esa ley que dice que en un año se debe resolver la situación del sindicado?”, preguntó Martínez.

Tanto el fiscal como el procurador Fernando Carrillo,   anunciaron la presentación de un proyecto de ley el próximo 20 de julio, en el que propondrán la despenalización de un amplio número de delitos que podrán ser perseguidos y sancionados de otras formas, como es el caso de la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno o la expedición de cheques sin fondos, entre otros. 

Ello, para descongestionar de otra manera las cárceles del país, sin afectar la seguridad pública con la inminente salida de peligrosos delincuentes.

“Por ahora, la única salida viable que existe para evitar que en dos semanas miles de delincuentes salgan de prisión parece ser que nuevamente el Gobierno y el Congreso expidan una nueva ley que, otra vez, prorrogue esta inminente ola de excarcelaciones. De no hacerlo, serán los ciudadanos de todo el país quienes sufran las consecuencias”, resalta el informe de Semana.