En una rueda de prensa el director de Fiscalías Nacionales, Orlando Ospitia, anunció que tras una investigación de un año, se logró detener a dos jueces, dos abogados y dos empelados de los juzgados de Norte de Santander.

Francisco Rogelio Niño Jaime, juez segundo de tierras de Norte de Santander; Édgar Cruces Medina, juez civil municipal de Los Patios; Luisa María Carvajal López, oficial mayor del juzgado civil municipal de Los Patios; Wolfang Ricardo Báez Sepúlveda, secretario del juzgado civil municipal; Farid Zafra Arias, abogado litigante y María Cristina Uribe Vera, abogada litigante, serán procesados junto a dos abogados y dos personas más.

El operativo realizado en Cúcuta este lunes contra la administración de justicia, fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación en asocio con unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Esto se da, por irregularidades en varios procesos ejecutivos en los cuales se disponía el remate de los bienes, sobre situaciones contrarias a la ley y desconociendo el saneamiento de los mismos.

"El remate se hacía sobre la base del depósito, con postores ya concebidos dentro de la actuación procesal y sobre el 70% de esa base se remataba el bien. Luego se repartían el excedente de este dinero entre los funcionarios y los abogados", dijo el director.

Los detenidos son presuntos responsables de cometer delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho y concusión.

En Cúcuta, esta operación se adelantó grcias a informaciones obtenidas de "una fuente no formal, que luego logró formalizarse a través de una persona que ha venido colaborando con la justicia", dijo Ospitia.

Este martes se llevó a cabo la audiencia preliminar en la ciudad de Bogotá de imputación, legalización de la captura e imposición de medidas de aseguramiento.

El director de Fiscalías Nacionales aseguró que esto es lamentable porque no es la primera vez que se presenta una situación de estas. Hay casos registrados en  Barranquilla, Lorica, Córdoba, Popayán y Cúcuta. "Situaciones de corrupción preocupantes".

"Hasta hoy, se han puesto medidas de aseguramiento por irregularidades en administración de justicia a 15 jueces, 16 fiscales, y en promedio, a más de 100 personas que involucran abogados, funcionarios y particulares, quienes desarrollaban actividades delictivas en torno a la actuación procesal", enfatizó.

Así operaban

Según explicó Orlando Ospitia, cuando el proceso estaba en el juzgado se debía ordenar el mandamiento de pago, pero a pesar de que el deudor manifestaba el saneamiento del mismo, el juez seguía con el remate del bien, "ese era el modus operandi".

Además,  los capturados engañaron a varias personas haciéndoles creer que podían comprar viviendas económicas con falsos remates que surgían de embargos que no habían cumplido todo el proceso para llegar a esa etapa.

De acuerdo a la investigación, el mecanismo presuntamente utilizado por los capturados era "aliarse" para trabajar durante los remates celebrados en el estrado judicial haciendo que el postor pagara más del 70 % del valor exigido en cada una de estas diligencias.

Posteriormente, el valor excedido de ese porcentaje era repartido en un 50 % para el juez y su subalterno y el restante para quien había logrado subir la puja, en este caso los abogados.

En ese sentido, la Fiscalía estableció que de esta forma, se profirieron decisiones contrarias a derecho para cumplir con el remate previamente acordado.

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