Medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria recibieron los 31 capturados, entre ellos 16 policías, señalados de ser integrantes y colaboradores de una estructura de contrabandistas conocida como Los Wichos y Los Grillos.

Los detenidos el pasado 12 de noviembre, entre los que además se encuentran tres funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la inspectora de Policía de El Zulia, fueron presentados ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cúcuta, con función de control de garantías, que legalizó los allanamientos, las detenciones y les concedió dicho beneficio en razón al tipo de delitos y las razones expuestas por la defensa de los procesados.

Entre los delitos por los cuales deberán responder se encuentran concierto para delinquir agravado (para los policías y la inspectora), además de cohecho propio (el servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales) y cohecho por dar u ofrecer (el que entregue u ofrezca dinero o otra utilidad a servidor público).

Por ahora, el delito de enriquecimiento ilícito u otros no fueron imputados a ninguno de los procesados, aunque más adelante la Fiscalía  podría adicionarlos.

Entre las razones expuestas para conceder la casa por cárcel a los procesados se dieron, entre otras, que tenían arraigo, vínculos familiares, carencia de antecedentes y llevaban una vida laboral. 

El juzgado les recordó que deberán permanecer en su domicilio mientras avanza el proceso en su contra y permitir el ingreso de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para vigilar la medida que, de incumplirla, sería revocada.

Los hechos

Según se conoció, entre $5 y $10 millones podían llegar a recibir los policías en una sola noche por dejar pasar caravanas de vehículos repletos de todo tipo de mercancía de contrabando, mientras que funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cobraban $50.000 por cabeza de ganado en pie que ingresara ilegalmente desde Venezuela.

El fructífero e ilegal negocio quedó al descubierto luego de una exhaustiva investigación adelantada por la Dijín, bajo la dirección de la Fiscalía.

La denuncia inicial fue  interpuesta por un oficial de la Policía, quien fue trasladado al puesto del corregimiento de Astilleros, donde de inmediato los contrabandistas le hicieron ofrecimientos por dejar pasar mercancía. 

Razón por la cual, fueron  infiltrados dos uniformados para delatar a la organización y se recibieron los testimonios de otros policías que pertenecieron a dicha unidad entre 2014 y 2015.

“Ellos relatan que para la época se observó que particulares se acercaban o contactaban a los miembros de la Policía de Agua Clara y Astilleros, vía telefónica o personalmente, para ofrecerles dádivas en dinero que les permitieran seguir el curso de ingresar al territorio nacional mercancía de contrabando, tales como combustible, gasolina, Acpm, ganado en pie, chatarra, aceite de palma, víveres, lácteos, entre otros”, señala un aparte de la investigación. 

Las capturas se hicieron efectivas en Cúcuta, Ocaña, Ábrego y Bucaramanga, en cumplimiento a órdenes judiciales expedidas esta semana por un juzgado de esta capital.

Entre los policías detenidos se encuentran el comandante de la subestación de Policía del  corregimiento de Agua Clara (Cúcuta), el subcomandante del corregimiento de Astilleros (Zulia) y varios de sus subordinados, entre quienes se repartían el botín.

“Los agentes encubiertos recibieron dinero como parte de su actividad, de miembros de la Policía, después de reunirse al finalizar la jornada o turno, donde se hacía el arqueo de lo recibido en el día y se repartían ese dinero”, agrega el informe.

En lo que atañe a los funcionarios del ICA hace referencia que apostados en el puesto de control de Agua Clara permitían el ingreso sin ejercer la actividad legal o control, sin exigir la documentación pertinente y a cambio recibían sumas de dinero. 

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la inspectora recibía, presuntamente, una tajada de $150.000 semanales por firmar los procedimientos de policía, donde supuestamente se incautaban de contrabando, haciendo creer ante los mandos superiores y la sociedad, que estaban cumpliendo con su deber, mientras a sus espaldas pasaban las llamadas ‘caravanas de la muerte’ (entre 12 a 50 vehículos).

Estos son los procesados

1. Jaqueline Gómez Zapata (inspectora)

2. Julio Enrique Parada Niño (particular)

3. Rafael Ricardo Polo Hernández (particular)

4. José Alexander Rodríguez Aguilar (ICA)

5. Elpidio Juvenal Murillo Rivas (particular)

6. María Teresa Torres Valencia (ICA)

7. Eduar Humberto Duarte León (policía)

8. Omar Alexander Gómez Beltrán (ICA)

9. Jorge Armando Ortega Guerrero (particular)

10. Aldemar Bayona Avendaño (particular)

11. Libardo Alfonso Gómez Pimienta (particular)

12. Manuel Julián Naranjo Pérez (particular)

13. Gustavo Osorio Carvajal (particular)

14. Alberto Ropero Neira (particular)

15. Josep Alam Pérez Álvarez (particular) 

16. Pedro Núñez Bonilla (particular)

17. Marco Antonio Grajales Correa (policía) 

18. Edwin Augusto Montoya Mora (policía)

19. Jorge Alexander Villota Aceros (policía)

20. Luis Fernando Leal Jaimes (policía)

21. Marco Aurelio Atuesta Medina (policía)

22. Jhon Fredy Navarro García (policía)

23. Bridis José Alvis Contreras (policía)

24. Yorman Oswaldo Cristancho Rojas (policía) 

25. Julián David Sánchez Santiago (policía)

26. Víctor Fuentes Caré (policía)

27. Javier Esteban Mora Téllez (policía)

28. Tommy Yepes Jiménez (policía)

29. José Manuel Robles Ortiz (policía)

30. José Alfredo Jiménez Panché (policía)

31. Aristides González Bautista (intendente)

*La Opinión