Luis Alberto Palacios Hinestroza llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar los cargos a cambio de un descuento del 50 por ciento en la pena.

Palacios Hinestroza, conocido con los alias de Camilo, Culito, Zurca o Urabá, desmovilizado del Bloque Héroes de los Llanos y Guaviare de las extintas  Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue detenido en mayo de 2015 señalado por la Policía de ser cabecilla financiero en Norte de Santander de la organización criminal Clan Úsuga.

‘Culito’, de 33 años, natural de Carepa (Antioquia), fue capturado junto a otros cuatro hombres por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, homicidios y porte ilegal de armas.

En la operación ‘Zafiro’, que se hizo efectiva en diferentes sectores de Cúcuta, también cayeron quienes serían el jefe logístico, un sicario, el coordinador del cobro de extorsiones y el encargado del transporte de armas de fuego.

Según relató la Fiscalía, el Clan Úsuga era el encargado de toda la comercialización y distribución de sustancias  estupefacientes, especialmente en el sector de la avenida séptima de Cúcuta, teniendo una red con este fin delictivo.

Para ello, utilizaban vendedores ambulantes como fachada, así como empleados de bares o trabajadoras sexuales, además de vigilantes informales que se encargaban de dar aviso sobre la presencia de las autoridades en la zona.

El monto de las ventas de droga era entregado a una persona que a la vez se encargaba de rendir cuentas a sus superiores y “esa era la labor de Palacios Hinestroza dentro de la organización”, señaló la Fiscalía.

Según expuso el ente investigador, el procesado tenía conocimiento de que concertarse para cometer delitos para el Clan Úsuga era socialmente reprochable y legalmente prohibido, pero quiso su realización como lo demostraban los elementos materiales probatorios “en su rol de financiero de dicha organización”, agregó la Fiscalía.

Tras su captura, Palacios Hinestroza fue presentado ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de garantías ambulante, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión.

Dicho preacuerdo, que contempla una pena de 6 años en prisión y una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fue verificado ayer ante el Juzgado Primero Penal Especializado de Cúcuta que fijó para el próximo 14 de julio la aprobación al preacuerdo y la lectura de la sentencia.

La Opinión