La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, solicitada por el exmagistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta Félix María Galvis Ramírez, condenado a 22 años y 8 meses y 2 días por desfalcar a Ecopetrol.

El argumento fue su edad superior a los 65 años y el riesgo de ser contagiado por la pandemia del coronavirus, “en cuanto se ha demostrado que el virus infecta con mayor facilidad a los adultos mayores como él que cuenta con 69 años de vida”, dice en su solicitud.

La Corte señaló que no desconocía la enfermedad de tipo mundial que sacudía al país ni la edad del solicitante, pero aclaró que “la misma norma restringe el beneficio para los delitos allí enlistados, entre ellos, el peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales”.

Además agrega que el fallo proferido el 21 de febrero de 2018 en contra de Galvis Ramírez, incluyó 20 conductas constitutivas de peculado por apropiación, 12 de los cuales superan la cuantía de 200 salarios mínimos legales, y 6 son superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para un total de 18 delitos de peculado por apropiación, restringidos del beneficio de la sustitución en cuestión.

Razón por la cual, tras ser negada la solicitud, en el punto dos del resuelve, ordenó oficiar a la dependencia donde se encuentra recluido el procesado, en orden a sugerir que se tomen las medidas posibles para evitar el contagio al que este se refiere en su misiva.

Los hechos cometidos

Cabe recordar que la sala Penal además de Galvis Ramírez también condenó al exmagistrado Fernando Castañeda Cantillo a 21 años y 9 meses y 24 días por el mismo desfalco a la estatal petrolera.

La Sala Penal le impuso al primero una multa de 32.000 salarios mínimos mensuales vigentes y, al segundo, una de 33.000 salarios.

Esto, luego que los juristas aceptaron cargos por participar en un carrusel de fallos de tutela en detrimento de Ecopetrol por más de 109.472 millones de pesos, entre los años 2010 y 2011;  favoreciendo a más de 500 personas.

Los exmagistrados aceptaron cargos por 20 casos de prevaricato por acción, igual número de peculados por apropiación a favor de terceros agravado y concierto para delinquir.

En la investigación de la Fiscalía, se señaló que el entonces magistrado Galvis y su compañero Fernando Castañeda Cantillo concedieron dichos dineros a través de sentencias falladas de forma contraria a la ley. 

Además, resaltó que las tutelas luego fueron revocadas por la Corte Constitucional por ser abiertamente contrarias a la ley.

La Sala Penal señaló que se trató de un entramado de corrupción en el que estuvieron involucrados abogados que presentaron las tutelas exclusivamente en Cúcuta, a pesar que los casos no correspondían todos a esa territorialidad, que actuó con dolo, quebrando la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

“El acuerdo de voluntades con fines ilegales se extendió en el tiempo por casi dos años, lo que evidencia que la asociación tiene vocación de permanencia en el tiempo (...). La comunidad delictiva tenía como fin cometer conductas punibles determinadas para favorecer con fallos ilegales a empleados y extrabajadores de Ecopetrol”, señaló.

La Corte además señaló que se trata de servidores públicos, que actuaron abiertamente contrario a la Ley, que favorecieron a personas que no estaban en debilidad manifiesta y que no cumplían con los requisitos legales para ello o que, en algunos casos, se ordenaron reintegrar a Ecopetrol de personas que llevaban más de nueve años fuera de la entidad.

“Los procesados para darle apariencia de legalidad a sus decisiones citaban de forma descontextualizada fragmentos de sentencias de la Corte Constitucional que eran inaplicables a cada caso concreto. Los acusados actuaron con la clara conciencia de actuar contrario a la Ley”, señaló la magistrada.

Además, resaltó que ambos exmagistrados tenían más de diez años de experiencia.

En este caso, la Fiscalía aseguró que los exmagistrados lesionaron la administración de justicia con su actuación y por el daño social que se generó: “El temor a ser víctima de carteles y jueces y magistrados resulta incalculable y de suma gravedad para el colectivo (…)”, dijo en su momento la fiscal Elda Patricia Correa.