El 13 de abril de 2019, La Opinión publicó la información sobre la muerte del soldado profesional Pablo Emilio Borja García, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano del  Ejército. A partir de este momento, empezó a fraguarse la muerte del excombatiente de las extintas Farc, Dimar Torres, ocurrida el 22 de abril del mismo año.

Este martes, el procurador Herman Rincón Cuéllar, delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, en un fallo disciplinario, destituyó e inhabilitó por 20 años al coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres Número 11, como determinador de este  homicidio, con el agravante de ser cometido contra una persona en calidad de protegida.

También, sancionó al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue el uniformado que disparó a Torres (condenado a 20 años de prisión por un juzgado especializado de Cúcuta) por 14 años.

La decisión también cobija a los soldados Cristian David  Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buritica Duarte destituidos e inhabilitados por 12 años para ejercer cargos públicos.

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El cabo Gómez Robledo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía solicitando la terminación anticipada del proceso y aceptó los cargos por homicidio en persona protegida a cambio de una rebaja en la pena. La sentencia fue leída en noviembre de 2019.

Cabe explicar que por esta vía, del preacuerdo, el suboficial evitó ir a un juicio oral y público y por consiguiente se omite el debate probatorio y se dicta de inmediato sentencia condenatoria.

Investigación

En la decisión emitida por el procurador delegado, de manera virtual y con una invitación a los medios de comunicación, se  conocieron detalles de las conversaciones vía radio y WhatsApp sostenidas por el coronel Pérez Amézquita a sus subalternos, especialmente las dadas al cabo Gómez Robledo (entregadas por el mismo) que concluyeron con el homicidio del excombatiente. 

(El 13 de abril de 2019, La Opinión publicó la información sobre la muerte del soldado profesional Pablo Emilio Borja García.)

Según se conoció, la muerte del soldado Borja García ocurrió en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, tras ser víctima de un artefacto explosivo, mientras los militares cumplían labores de protección al oleoducto Caño Limón Coveñas. El Ejército responsabilizó por este hecho a  miembros del frente Héctor del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

La institución castrense rechazó y lamentó la  muerte del militar y expresó sus condolencias a los familiares de Borja, quien  llevaba 5 años en la institución. 

Pero, al parecer, su muerte no solo causó un profundo dolor a sus seres queridos, sino también al coronel Pérez Amézquita, quien responsabilizó a Dimar Torres de lo ocurrido.

La muerte del exFarc ocurrió en el sitio denominado como Carrizal del municipio de Convención, cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta, luego de comprar unas rulas para su trabajo de campo.

“A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”, escribió el oficial en un grupo de WhatsApp, que Gómez Robledo creó con el nombre de ‘Dimar Torres’ para reportar los seguimientos a espaldas de los altos mandos.

Aunque en un primer momento, el cabo afirmó que el excombatiente le intentó arrebatar su fusil esta versión fue desmentida. También, intentaron hacer creer que la víctima andaba armada con una pistola y granadas.

Pudieron ser más 

Luego de ocurrida la muerte de Dimar, el coronel le pidió un informe preliminar al cabo y este le contestó que ambos sabían que Dimar estaba delinquiendo y que unos tres ‘guerrilleros’ y un familiar eran quienes estaban dolidos con la muerte del excombatiente.

“Ahhh, listo de todas maneras chequéelos, porque esos son los que siguen (muerte)”, señaló el coronel al cabo, quien le responde que cumplirá la orden y le asegura que acabarán con ‘esa plaga’.

De acuerdo con el relato escuchado, el  coronel Pérez Amézquita le pide al subteniente Javier Blanco que no comunique lo sucedido. Es decir,  que reportara a los superiores que “no había novedad”. 

Por ello, luego lo amenazó para que mantuviera la boca cerrada ante los generales, comandantes encargados de la Trigésima Brigada y de la Segunda División del Ejército en Norte de Santander.

“Ese cabo es un ‘berraco’, me siento tranquilo porque el vengó la muerte del soldado”, dijo el oficial Amézquita, según un militar  testigo.

El asesinato de Dimar Torres, fue denunciado por sus familiares y amigos, y luego fue confirmado por la Comisión de Paz del Congreso como una ejecución extrajudicial. 

“Resulta incuestionable que la escena de los hechos fue alterada”, señala el informe.

Conclusión y apelación

(El cabo Gómez Robledo llegó a un preacuerdo con la Fiscalía solicitando la terminación anticipada del proceso y aceptó los cargos por homicidio en persona protegida.)

“No hay duda que Dimar ostentaba la calidad de civil y de persona protegida por los convenios internacionales a quien el Ejército debió en todo momento proteger en cumplimiento del orden constitucional (…) El coronel Amézquita debió tener siempre presente que al Derecho Internacional Humanitario le interesa la persona en medio de la guerra y no las causas de la guerra (…)”, señala un aparte de la decisión del procurador.

A ello, se suma que el coronel impartió irresponsablemente una serie de órdenes para adelantar labores de inteligencia sobre los responsables de la muerte del soldado Borja García, pero “no para judicializarlos sino para tomar venganza y administrar justicia a través de sus subalternos”

En la misma decisión, la Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue por falso testimonio a un cabo y dos soldados que, al parecer, pretendieron llevar a un error a la justicia. 

“No hay duda probatoria de la responsabilidad del coronel como determinador, provocador e instigador del homicidio, en persona protegida. Tampoco de la autoría material del hecho por parte del cabo, ni de la complicidad que en esos hechos tuvieron los otros tres soldados implicados”, concluye. La decisión fue apelada por la defensa de los investigados.

El curso en lo penal

En las audiencias penales que avanzan en Bogotá contra el coronel y sus subalternos, la Fiscalía trajo a colación la inspección técnica a cadáver y señaló que el primer disparo hizo blanco en el muslo izquierdo, el segundo en la escápula del mismo costado y el tercero en el glúteo. 

“Dimar cae al piso y en esa posición, el cabo, el autor material, se le acerca y le realiza un cuarto disparo en la región malar y nasal”, dijo el delegado del ente acusador.

Tras el hecho, entre los soldados Casilimas (25 años) y Buriticá Duarte (23 años) tomaron la motocicleta en la que se desplazaba Dimar la arrastran hasta un matorral para ocultarla, al igual que sus pertenencias.

“Cogieron el cuerpo de la víctima, lo arrastran por la carretera y lo lanzan a un sitio despoblado que se encontraba en la maraña a unos 15 metros adentro de la orilla de la carretera, frente a su propia base militar”, reseñó el fiscal.

También fueron los jóvenes militares los que cavaron la fosa con la que pretendían enterrar el cuerpo. Según se dijo ante el estrado, la orden de Pérez Amézquita era no reportar nada al comando. 

De hecho, el oficial le dijo al cabo Gómez que ese asunto lo trataran vía celular y que no hicieran uso del radio asignado a la unidad. Al cabo se le hizo extraña esa instrucción y optó por grabar una conversación que sostuvo con su superior. 

Esa llamada fue revelada en la audiencia como parte del material probatorio de la Fiscalía para aducir ante el juez que el coronel Pérez podía entorpecer el curso de la investigación si no se le aplicaba una medida de aseguramiento preventiva.

Ni el coronel Pérez Amézquita ni los soldados Casilimas, Alarcón y Buriticá aceptaron los cargos.