En julio de 2017, en Norte de Santander, se detectó un brote de fiebre aftosa, siendo el tercer caso que se hacía visible en Colombia. 

La prueba que le hicieron a dos reses en una finca del corregimiento de San Faustino, zona rural de Cúcuta, arrojó positivo. A partir de ahí se prendieron las alarmas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y en el Ministerio de Agricultura y se comenzó a establecer cómo esa enfermedad había retornado al país, cuando se llevaba muchos años sin ella.

Y fue gracias a esas indagaciones que el ICA, mediante unas auditorias, descubrió que varios de sus funcionarios estaban metidos en negocios oscuros. 

Lo primero que hallaron fue irregularidades en la oficina de movilización animal, la cual se encarga de expedir las autorizaciones (guías de movilización) para ingresos o salidas de ganado, bovinos, bufalinos, equinos, caprinos, cerdos y aves.

A partir de eso, la autoridad agropecuaria decidió informales a la Fiscalía y a la Policía para que fueran ellos los que se encargaran de investigar, porque la situación iba mucho más allá y habría ‘parches’ de corrupción adentro, lo que implicaba acciones legales.

De inmediato, las autoridades judiciales se organizaron y con el apoyo del ICA lograron infiltrar unos agentes encubiertos, los cuales rápidamente se ganaron la confianza de los funcionarios. 

En ese trabajo sigiloso, los investigadores descubrieron que efectivamente empleados del Instituto trabajaban para una red de contrabandistas de ganado.

Los policías también lograron establecer los números telefónicos que usaban para coordinar cómo se hacia ese negocio que se burlaba de los operativos que se dan a diario en diferentes fincas y vías de Norte de Santander. 

“La organización delincuencial estaba muy bien montada y llevaba varios años”, sostuvo una fuente judicial que participó en las pesquisas.

Cómo funcionaba

Lo inicial que encontraron las autoridades fue que los funcionarios del ICA adulteraban documentos de predios, registros de animales para la vacunación y soportes, los cuales eran metidos en un sistema que manejan a nivel nacional y se llama Sigma, pero esto se venía haciendo desde hacía dos o tres años atrás, lo que alarmó más a los investigadores.

“Ellos aumentaban las reses en los predios, de manera ficticia. Por ejemplo, si a usted en la finca le aparecía que tenía cinco cabezas de ganado, le aumentaban a 50, de un día para otro, lo que permitía solicitar el permiso de vacunación. Cuando el vacunador iba, la cifra cambiaba rápidamente y figuraba que ese mismo predio tenía 500 animales. Todo eso lo metían en el sistema sin ningún problema y quedaba legal”, explicó el funcionario judicial.

Agregó: “eso hacía que los contrabandistas ganaran cupos para meter el ganado que traían de Venezuela a las fincas de Colombia, por el lado de San Faustino y Guaramito, que están pegados a Venezuela. No es muy difícil pasar las reses de un lado a otro”.

Otra de las cosas que descubrieron los agentes encubiertos fue que la red corrigió los errores de otras estructuras contrabandistas que habían caído en manos de las autoridades. “El ganado que traían de

Venezuela no venía marcado, por lo que lo pasaba limpio y una vez lograban meterlos en esos cupos que se habían logrado con los funcionarios del ICA, les ponían las marcas de los predios donde supuestamente aparecían. Por eso, cuando movilizaban las reses y mostraban las guías pasaban tranquilamente hacia el interior del país”, contó la fuente judicial.

Las autoridades lograron establecer que el ganado de contrabando llegaba a predios de Salazar de las Palmas, Sardinata, Arboledas, zona rural de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia, entre otros municipios de Norte de Santander. De ahí eran llevados hacia el interior del país, hasta se prestaban las guías de movilización.

Y es que una guía de movilización permite mover de 15 a 17 cabezas de ganado y el funcionario recibía de 30 mil a 50 mil pesos por res, lo que les ayudaba a legalizar. “Las adiciones que hacían en el sistema era entre mil, dos mil o hasta tres mil cabezas por cada dos semanas, imagínese cuánto podía ganarse cada funcionario”

La fuente también indicó que lo sorprendente de esta organización era que usaban fincas donde sus dueños no se daban cuenta de lo que estaba pasando, falsificándoles la firma. “Son víctimas inocentes de esta estructura, por eso le pedimos a las personas que se hayan visto perjudicadas que denuncien”. 

¿Quiénes eran?

Las interceptaciones telefónicas le ayudaron a las autoridades judiciales a darse cuenta de quiénes son los contrabandistas que están trabajando con esos funcionarios del ICA y cuánto era que le pagaban a cada uno, siendo un negocio muy rentable.

Hace dos semanas, ya con todo el material probatorio contundente y con las órdenes de captura en sus manos, los investigadores se organizaron y comenzaron a planear la operación para ejecutarla. Por eso el jueves, desde la madrugada, un grupo de policías se encargó de hacer los allanamientos en oficinas del ICA, residencias y fincas. De las 24 detenciones que debían cumplir, materializaron 18.

Los aprehendidos son: Yomaira Pacheco Jaimes, Tonny Halmar Pinillos Navarro, Cristian Fabián Castro Sánchez, Pedro Yesid Duarte Villamizar, Jessica Julieth Pabón Sierra, Deicy Karina Cárdenas Montes, José Wilman Mogollón Dallos.

Édgar Suárez Flórez, Carlos Andrés Raizaque Rincón, Manuel Vargas Maldonado, Miguel Braley Gélvez Meneses, Ramón Darío Pabón García, Marcos Fidel Suárez Gélvez, Glicerio Santofimio, Jorge Rey Muñoz, José Alfredo Rey Pabón, Gerson Rey Pabón, y Rosalbina Ochoa Mejía.

Las autoridades judiciales explicaron que todos están siendo procesados penalmente por concierto para delinquir, contrabando, cohecho y falsedad ideológica en documento público. 

La investigación la dirigió la Fiscalía Quinta Especializada, de Cúcuta. Al cierre de esta edición los detenidos se encontraban en la audiencia concentrada, la cual podría extenderse por más de tres días.

Para los investigadores fue muy curioso conocer que los hoy detenidos habrían sido recomendados por un político de la región para que trabajaran en el ICA, por eso la investigación podría llegar a involucrarlo, si llegan a demostrar que él habría participado en ese negocio ilícito.