Trasladado a la cárcel de Cúcuta por tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Condenan a un indígena a dos años de cárcel

Elisafán Dora Cebra, miembro de la comunidad Motilón Barí, fue condenado ayer a dos años de cárcel, sin beneficio de prisión domiciliaria.
Dora Cebra, de 41 años y nacido en Tibú, fue capturado en julio de 2012 en zona rural de Convención, tras un operativo del Ejército en el que hallaron un laboratorio para el procesamiento de drogas y un cultivo de matas de coca en donde estaba el imputado, al parecer, como raspachín.
Uno de los detenidos se identificó como Elías Roa Grimaldo, quien aseguró ser el propietario del laboratorio y los demás, sus empleados a cargo.
Tras su detención, el procesado fue presentado ante un juez de control de garantías del municipio de El Zulia, que decretó ilegal la captura y lo dejó en libertad.
Sin embargo, avanzada la investigación de las autoridades, así como los análisis de las sustancias incautadas en el laboratorio, el Juzgado Octavo Penal Municipal emitió una orden de captura en contra de Dora Cebra.
El 31 de julio de 2015, Dora se presentó voluntariamente ante la Fiscalía con el propósito de resolver su situación jurídica, siéndole imputados los cargos por tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, en calidad de cómplice.
Preacuerdo
Dora Cebra llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó los cargos, a cambio de un descuento del 50 por ciento en la pena. Dicho preacuerdo, sin embargo, fue desaprobado por un juzgado especializado el pasado 10 de agosto, tras considerar que solo le correspondía un descuento del 12.5 por ciento.
Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y la defensa del procesado ante el Tribunal Superior de Cúcuta, que resolvió aprobarlo.
A pesar de que la defensa de Dora Cebra solicitó la suspensión condicional de la ejecución de la pena (prescindir del cumplimiento íntegro de la pena de prisión), por tratarse de una sentencia no superior a los 4 años de cárcel, el Juzgado explicó que no podía concederse por el tipo de delito cometido, el cual prohibía la concesión de beneficios.
Razón por la cual, la defensa volvió a apelar ante el Tribunal que deberá nuevamente tomar una decisión al respecto.
Al término de la audiencia, el condenado, que gozaba de libertad, quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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