Maura Yolanda Jaimes Arias y sus hermanos Edgar Edmundo y Américo Yesid fueron condenados ayer a 123 meses y 10 días de prisión por concierto para delinquir, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares. Además, deberán pagar una multa de $4.214 millones.

Los hermanos aceptaron haber estafado a varias personas, quienes engañadas pagaron por económicas viviendas producto de falsos remates o embargos. La Fiscalía estimó en $3.020 millones el valor total de los perjuicios patrimoniales.

A las 8:30 de la mañana, se llevó a cabo la audiencia ante Juzgado Segundo Penal Especializado de Cúcuta que los sentenció a purgar la pena en prisión, revocando la detención domiciliaria de que gozaba Maura Yolanda.

Los hermanos fueron detenidos en marzo de 2015 y, aunque en la audiencia de imputación de cargos no aceptaron los delitos imputados por la Fiscalía, lo hicieron el 10 de marzo de 2016, cuando se esperaba el escrito de acusación en su contra.

La Fiscalía retiró además el cargo de cohecho por dar u ofrecer en contra de la mujer, por colaborar con la justicia.

De esta manera, los procesados se acogieron a una forma de terminación anticipada del proceso penal, a cambio de un descuento del 30 por ciento en la pena, y evitaron ir a un juicio oral y público, que de ser hallados culpables no obtendrían ningún beneficio.

Fredy Armando Sanabria Castañeda, quien hace parte de la misma red de estafa, no se allanó a los cargos y enfrentará un proceso por separado.    

La sentencia fue apelada por la defensa de los procesados y corresponderá al Tribunal Superior de Cúcuta, fallar en segunda instancia, si ratifica, modifica o rechaza la decisión. 

Las estafas

Según se conoció, en el caso de Maura, la banda operó desde 2013 a marzo de 2015 (fecha en que fueron detenidos) bajo la empresa Cobra Segura. La mujer se hacía pasar como abogada y con sus hermanos y cómplices decían tener influencias con jueces y secretarios de despachos, donde supuestamente tramitaban los remates de los inmuebles. Mostraban las casas y apartamentos y advertían a los compradores que no podrían ingresar, solo mirarlos por fuera.

“Como vemos, estas personas ilusionadas por la adquisición más económica de un inmueble, entregaron altas sumas de dinero, producto de sus ahorros y créditos a terceros, los cuales fueron apropiados por los capturados, causando grave perjuicio para las víctimas”, indicó la Fiscalía en una de las audiencias.

Investigadores recopilaron información que revela que los estafadores, entre los que se encuentran algunos abogados, vendían casas en remate ubicadas en diferentes barrios de Cúcuta, Los Patios y Chinácota, las cuales costaban desde $40 millones hasta $480 millones que entregaron las víctimas.

Los estafadores afirmaban que el dinero debía ser consignado en una cuenta bancaria de una sociedad.

La Opinión