Una llamada a la Policía alertando sobre la presencia de un domiciliario en el parque principal del barrio San Luis, quien al parecer transportaba armas para el grupo delincuencial del Clan Úsuga, resultó ser cierta y le costó 9 años y 6 meses de cárcel a Elio Becerra Miranda.

El hombre, conocido como ‘Becerro’ y quien aceptó los cargos, fue detenido el 30 de abril de este año por uniformados de 1a Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en desarrollo de la Operación Zafiro, lanzada contra esta banda criminal.

“Al requisarlo, los uniformados encontraron dentro del cajón de la moto una funda de almohada que en su interior contenía una bolsa plástica con 9 proveedores metálicos para fusil 5.56 milímetros, para un total de 270 cartuchos”, señaló la Fiscalía.

Según se conoció, el detenido trabajaba al servicio de alias Andrea, jefa financiera del grupo delincuencial en los barrios La Libertad y San Luis.

Becerra Miranda fue presentado ante un juzgado, con función de control de garantías, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, sin que se allanara a los cargos. 

Preacuerdo

Ante la captura en flagrancia y las pruebas en su contra, Becerra optó por llegar a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en una rebaja del 12.5 por ciento en la pena a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos.

Dicho preacuerdo fue aprobado ayer por un juzgado de Cúcuta que lo sentenció sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

“Se trata de acciones lesivas de orden legal que atentaron contra los bienes jurídicos de la comunidad, sin que se evidencie que concurrió alguna causal eximente de responsabilidad. Así lo acordó Becerra Miranda con la Fiscalía al declararse culpable del delito imputado”, señaló el juzgado en su decisión.

Al término de la audiencia, Becerra Miranda, de 44 años, natural de Ragonvalia y quien residía en la invasión La Fortaleza, quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que definirá la prisión donde deberá purgar la pena impuesta.

*Redacción La Opinión