Cuatro de los 10 hombres implicados en el secuestro y posterior asesinato de la familia Peña Peña fueron condenados a 8 años, 10 meses y 15 días de prisión, en calidad de cómplices, y tras aceptar su responsabilidad en los hechos.   

Se trata de Alexander Gil Gélvez, de 36 años, alias El Taxista o Leo, natural de Cúcuta; Jhon Jairo Chona Fuentes, de 51, alias Petaco; Pedro Rincón Leal, de 43, alias El Barbao, y William Alberto Vejar Burgos, de 35, alias El Finquero. Los tres últimos nacidos en Chinácota.

Los hechos se remontan al mediodía de un lunes primero de octubre de 2012 cuando Nelson Milciades Peña, comerciante mayorista de papa en Cenabastos, llegaba en una camioneta con su familia a su finca llamada El Reflejo, en la vereda Urenque (Chinácota).

Se conoció que el grupo de delincuentes le venía siguiendo el rastro a los Peña un mes atrás y cada uno desempeñó una función específica en el plagio. Inicialmente fueron tres sujetos los que sorprendieron al comerciante cuando se bajó del automotor a abrir un portón de la finca y luego lo obligaron, con armas de fuego, a subirse al mismo vehículo para secuestrarlo con su esposa Rubiela Peña Castro y su hija Leidy Jackeline Peña, estudiante de once grado del colegio Sagrados Corazones. En el sitio dejaron una granada abandonada.

Para entonces, un investigador del caso señaló que los delincuentes, al servicio de Los Rastrojos, tomaron la vía a Pamplona y se desviaron a El Diamante, donde trasbordaron a la familia a otro vehículo.

La camioneta del comerciante la quemaron en una trocha de la vereda Iscalá Sur.

“Después fueron llevados a la finca La Bodega o El Porvenir, en el mismo sector de la vereda Urengue, en donde fueron ultimados en forma violenta y sepultados en una fosa cavada dentro de ese predio por sus plagiarios, quienes permanecieron en posesión del inmueble hasta la fecha de su captura, el 6 de febrero de 2013”, señala un aparte de la investigación.

Las detenciones fueron efectivas tras los datos aportados por un informante al Grupo Gaula, quien delató a cada uno de los integrantes y la participación detallada que tuvieron en los hechos.

Participación

Según consta en el proceso, estos cuatro hombres actuaron indirectamente como cómplices, lo que facilitó el plagio de la familia. Según declararon, fueron obligados a hacerlo y bajo amenazas de muerte contra ellos y sus familias.

En el caso de Gil Gélvez, quien trabajaba como taxista, se conoció que (junto con otro de los capturados) ayudó a seguir a Rubiela Peña Castro.

Vejar Burgos, quien vivía en una finca de la vereda La Colorada (que colindaba con la de Milciades) fue el encargado de mostrar el camino por donde se podía llegar y sirvió de ‘campanero’ para dar aviso sobre los movimientos de la Policía. Además de prestar la finca para que pernoctaran algunos de los secuestradores.      

Pedro Rincón Leal, residente y administrador de una finca en la vereda La Colorada, (colindante con la de Milciades), también mostró un camino de fácil acceso y escape hacia la propiedad de la víctima.

Chona Fuentes, residente en la vereda La Colorada, laboraba como transportador informal de pasajeros y llevó a la familia en un jeep rojo hasta la finca donde finalmente fueron asesinados.

Por estos hechos, los cuatro hombres fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Un juzgado de Cúcuta los sentenció sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

“Como único beneficio, la Fiscalía les reconoce un 30 por ciento de rebaja en la pena a imponer, dado que fueron capturados por orden judicial”, se escuchó durante la diligencia.

El juzgado consideró que los cuatros hombres aceptaron su responsabilidad al realizar manifestaciones de culpabilidad preacordadas.

“Debemos mencionar que los acusados obraron con culpabilidad, pues siendo sujetos imputables y conociendo de antemano la ilegalidad que representaba atentar contra la seguridad del Estado, optaron voluntariamente por desplegar dichos comportamientos, configurándose de tal forma el juicio estatal merecedor de la pena”, señaló el juzgado en su decisión.  

Los demás detenidos enfrentan procesos por separado.

*La Opinión