Un Juzgado Especializado de Cúcuta sentenció a ocho años de prisión a Jaime Alfonso Quintero Pineda, quien el 23 de septiembre de 2017 se enfrentó a bala contra militares. En su poder, le hallaron 4 pistolas, 5 proveedores y 107 cartuchos (calibre 9 milímetros).

Según relató la Fiscalía, una fuente humana alertó a soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército sobre su desplazamiento en una motocicleta con varias armas por el sector de la vereda Cristalina en el municipio de Teorama.

Fue así que, a las 8:00 de la noche, los militares llegaron al sitio e instalaron un puesto de control con el fin de verificar la información.

“Una vez instalado el dispositivo observaron la moto y le impartieron la señal de pare, pero el conductor disparó contra la tropa. Sin embargo, fue interceptado e identificado”, indicó la Fiscalía.

A pocos metros de la captura le hallaron una pistola Pietro Beretta, calibre 9 milímetros y “al alrededor un bolso que contenía otras 3 pistolas, 5 memorias USB y dos celulares”, agregó el ente  investigador.

En un comunicado de prensa, el Ejército señaló al detenido como integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde hacía 15 años, conocido como Teto. 

Además, de ser dueño de algunas refinerías ilegales en el Catatumbo, donde el Eln procesa el crudo hurtado del oleoducto Caño Limón Coveñas y lo convierte en insumo para procesar cocaína. 

“También, estaría vinculado con extorsiones en la región”, agregó el comunicado.

Preacuerdo

Tras su aprehensión, Teto, de 34 años, natural de Convención, fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal que legalizó su captura y le dictó medida de aseguramiento en prisión.

La Fiscalía le imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado, sin que se allanara a los cargos.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2017, el procesado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía Octava Especializada que consistió en aceptar su responsabilidad a cambio de variar el delito a rebelión (que ya incluye el porte de armas). 

Dicho preacuerdo fue aprobado por el Juzgado Especializado que lo sentenció además a pagar una multa de 133,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Al término de la lectura de la sentencia, el procesado fue trasladado por los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la cárcel de Cúcuta, donde deberá purgar la pena impuesta.