Un juzgado especializado de Cúcuta condenó a René Oswaldo Villamizar Niño a 28 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas agravado. 

Los hechos se registraron el 11 de noviembre de 2015 cuando un comerciante y su chofer  se desplazaban en una camioneta desde el municipio de Villa del Rosario hacia Cúcuta.

Según consta en el proceso, luego de pasar por el peaje de la Autopista Internacional, el conductor de la camioneta fue obligado a detenerse por unos supuestos policías que le dieron la orden de pare, antes de que tomaran la intersección que conduce al Club Tenis.

En el falso retén policial estaba estacionado previamente un vehículo particular, de placa venezolana, del cual descendieron unos sujetos y encañonaron a los ocupantes de la camioneta.

Posteriormente, los amarraron de las manos y les vendaron los ojos y “se los llevaron en la misma camioneta con rumbo desconocido,  hasta donde se encontraba un comandante que requería al comerciante”, señaló la Fiscalía.

Una vez llegaron al sitio,  el supuesto comandante le informó al comerciante  que debía pagar 400 millones de pesos por su liberación.

“Pero, como la víctima no tenía el dinero en el momento, lo dejaron ir con el compromiso de que lo consiguiera y le entregaron un celular para comunicarse. Después, fueron dejados en inmediaciones del sector Boconó”, agregó el ente investigador.

Una captura

Las víctimas no accedieron a las pretensiones de los delincuentes y acudieron ante el Grupo Gaula para interponer la denuncia e iniciar las investigaciones.

Luego de rastreos telefónicos  y de reconocimientos fotográficos, las autoridades llegaron a Villamizar Niño, quien fue detenido el 20 de marzo de 2016 por orden del Juzgado Promiscuo de Salazar de las Palmas, como la persona que condujo la camioneta con los secuestrados.

El hombre, de 38 años, fue presentado ante un Juzgado de control de garantías, que legalizó su captura y le dictó medida de aseguramiento de prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra.

Sin embargo, el procesado llegó a un acuerdo con la Fiscalía  (conocido como manifestaciones de culpabilidad preacordadas), que  consistió en admitir su responsabilidad en los delitos imputados, a cambio de ser sentenciado por la pena mínima del delito más grave.

El Juzgado especializado aprobó dicho acuerdo y lo sentenció además a pagar una multa de 8.300 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado.