Yamile Rangel Calderón, quien fue elegida como alcaldesa de Sardinata en octubre de 2015 en representación del Partido Conservador, no podrá seguir al frente de ese municipio y, por el contrario, tendrá que confinarse en su residencia a pagar una pena de cinco años y tres meses a la que fue condenada por celebración indebida de contratos.

Así lo confirmó ayer el Juzgado Quinto Penal al hacer pública la sentencia en contra de la mandataria local, quien, además, deberá pagar una multa cercana a los $46 millones y quedará inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas durante el tiempo que permanezca detenida.

En vista de que la pena supera los 48 meses, la alcaldesa no fue cobijada con la suspensión condicional de la misma.

No obstante, en su caso no se encontraron “circunstancias de mayor punibilidad”, así como tampoco antecedentes judiciales y en razón a que su residencia es en Sardinata, municipio donde es ampliamente conocida, el juez decidió concederle la prisión domiciliaria, la cual venía cumpliendo desde el pasado 19 de mayo, cuando se conoció el sentido de fallo condenatorio en su contra.

Ayer mismo, al término de la audiencia, la defensa de Rangel Calderón anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior.

Sin embargo, la sentencia se mantiene en firme y deberá ser acatada hasta tanto no haya una determinación de la segunda instancia que confirme o revoque lo ordenado por el juez quinto. Por eso, anoche, la detenida alcaldesa regresó a su domicilio para cumplir con la orden judicial.

‘No he hecho nada malo’

Aparentemente tranquila, Rangel aseguró que está confiada de que en la apelación lograrán revertir el fallo porque existen las pruebas de que la obra por la cual fue condenada sí se socializó y ejecutó en favor de la comunidad.

En ese sentido, se mostró segura de que terminará su mandato, el 31 de diciembre de 2019.

“Le agradezco a la comunidad que tenga paciencia porque ya apelamos y esperamos que en la apelación podamos aclarar que no hubo ninguna irregularidad. Creo que no he hecho nada malo, no me he comido un peso y estoy muy bien en mis cosas. A la gente le he dado la cara y le he dicho la verdad”, sostuvo la alcaldesa, tras insistir en que es una persona honrada que no tiene nada que esconder.

El caso que deja, por ahora, sin alcaldesa a Sardinata se remonta a agosto de 2011, durante su primera administración, cuando contrató la construcción de unas unidades sanitarias en la zona rural del municipio, para lo cual dio en anticipo $180 millones.

De acuerdo con los demandantes, la obra consistía en hacer un total de 62 unidades sanitarias en fincas y viviendas del área rural sardinatense, con las adecuaciones requeridas para su funcionamiento, dentro de un plan de saneamiento básico.

Sin embargo, solo hasta el 17 de diciembre ella procedió a nombrar al interventor. Así mismo, se le reprochó el haber quitado obligaciones a los contratistas de manera irregular.

Actualmente, el secretario de Gobierno, Germán Augusto Tiría Rincón, ejerce como alcalde encargado, mientras se define el procedimiento a seguir en este municipio.

El contratista y el interventor

El Juzgado Quinto Penal también dio a conocer ayer la pena contra Luis Eduardo Blanco Suárez y Nelson Ramírez Cárdenas, quienes fungieron como contratista e interventor, respectivamente, de la obra por la cual fue condenada la alcaldesa de Sardinata.

En el caso de Blanco Suárez, el juez le otorgó una condena de 72 meses de prisión (seis años), más una multa de $132 millones y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el delito de peculado por apropiación.

En vista de que no cuenta con antecedentes, goza de prestigio dentro de la comunidad y reintegró unos dineros al municipio, el juez le concedió la detención domiciliaria.

A Ramírez, entre tanto, lo culpan de peculado por apropiación en concurso con prevaricato por omisión y su pena quedó tasada en 48 meses. Sin embargo, en vista de que no supera los tres años y de que, al igual que los demás, no reporta antecedentes y reintegró algunos dineros, el juez le concedió la suspensión condicional de la pena.

La Opinión