Las sospechas que generó un grupo de dos suboficiales y tres patrulleros de la Policía que trabajaban en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, por su presunta complicidad para permitir el paso desapercibido de mercancías ilegales por la terminal aérea, desencadenó que las mismas autoridades le siguieran el rastro durante al menos un año.

La rigurosa investigación fue liderada por la Fiscalía Séptima Especializada de la seccional de Norte de Santander en articulación con el Grupo Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), que dio como resultado la captura de los cinco uniformados, entre estos, una mujer.

Los detenidos fueron identificados  como la subintendente Gloria Jaimes Amaya, el intendente Álvaro Pérez Ortiz y los patrulleros Dani Jair Monsalve Hernández, Danilo José Pacheco Estrada y José David Jaimes Estévez.

Los policías fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Estos uniformados harían parte de una banda dedicada al envío de mercancía de contrabando. Los detenidos recibirían dinero para evitar los estrictos controles aeroportuarios que mitigan este accionar delictivo.

Según se conoció, la Fiscalía y la Policía adelantan una segunda fase de esta operación que involucraría al menos a treinta uniformados más.

Las autoridades hacen un seguimiento minucioso a los comportamientos de los miembros de la fuerza pública que están inmersos en actos de corrupción que atentan contra la integridad de las instituciones del Estado.

Uno de los elementos probatorios que presentarían las autoridades en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los cinco uniformados detenidos son algunos documentos que evidenciarían estos hechos ilegales.

En noviembre de 2015, la Dijín y la Fiscalía capturaron a 31 personas, entre esas a 16 policías, señalados de pertenecer a una red de contrabando de gasolina, ganado y otros productos.

En ese momento se conoció que los uniformados recibían entre $5 y $10 millones en una sola noche por dejar pasar caravanas de vehículos repletos de todo tipo de mercancía de contrabando.

Las capturas se produjeron en Cúcuta, Ocaña, Ábrego y Bucaramanga, en cumplimiento a órdenes judiciales expedidas por un juzgado de Cúcuta.

Entre los policías detenidos estaban el comandante de la subestación de Policía del corregimiento de Aguaclara (Cúcuta), el subcomandante del corregimiento de Astilleros (Zulia) y varios de sus subordinados, entre los que se repartían el botín del fructífero negocio.

La Opinión