Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia escribió una de las páginas más tristes y sangrientas de su historia republicana: la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando armado del entonces grupo guerrillero M-19.

Se trataba de un objetivo militar tan audaz como peligroso, muy propio de la única guerrilla de estirpe urbana, que para ese momento ya le había mostrado al país su capacidad de planeación estratégica y ejecución milimétrica de otros grandes golpes mediáticos.

Desde su creación en 1970, en rechazo a lo que llamó el “robo de las elecciones” al general en retiro Gustavo Rojas Pinilla, fundador del movimiento político Anapo y quien se perfilaba como virtual ganador de los comicios presidenciales, el M-19 había nacido a la luz pública con una gran campaña publicitaria que prometía “acabar ratas” y “eliminar parásitos”.

Su primer gran golpe fue el robo de la espada de Simón Bolívar (enero de 1974), que sustrajo de la Quinta del Libertador en pleno centro de Bogotá; después vendría el robo de cinco mil armas del cantón Norte (Escuela de Caballería del Ejército) en la madrugada de Año Nuevo de 1979; la toma de la embajada de República Dominicana (febrero de 1980) y, final y tristemente la toma de la sede del Poder Judicial en 1985.

Se trataba de un golpe utópico: el M-19 pretendió tomarse el Palacio de Justicia, supuestamente para hacerle un ‘juicio político’ al presidente Belisario Betancur, argumentando el incumplimiento al llamado ‘Acuerdo de Corinto’ (Cauca, agosto de 1984), para una tregua bilateral que permitiera una salida negociada. En incumplimiento del Acuerdo por poco les cuesta la vida a sus máximos comandantes Carlos Pizarro León-Gómez e Iván Marino Ospina, tras una incursión del Ejército.

Planeación de la toma

La historia da cuenta de que cerca de seis meses se llevó el M-19 en planear la toma del Palacio de Justicia, en una casa ubicada en pleno centro de la Capital. Para ello no solo reunió en la mayor clandestinidad a sus comandos, los entrenó y fijó responsabilidades, sino que elaboró una maqueta detallada de la sede judicial.

Luis otero y Álvaro Fayat fueron los máximos ideólogos de la operación, pero su ejecución estuvo a cargo de un hombre experimentando: Andrés Almarales, que ya había participado en la toma de la embajada dominicana.

Definido el plan, los guerrilleros llegaron en dos camiones a la sede del Palacio, algunos vestidos de civil, simulando ser abogados ingresaron por la puerta principal pasadas las 11:40 de la mañana; los demás por el sótano portando armas y provisiones para dos meses.

Una vez asesinaron a los dos guardias de turno, los guerrilleros cerraron las puertas del Palacio e hicieron rehenes a todos los presentes: 60 civiles y 11 magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Además del ‘juicio revolucionario’ al presidente Betancur, la guerrilla pretendió exigir la presencia en el edificio de sus principales ministros: Jaime Castro (Gobierno); Enrique Parejo (Justicia), y del general Miguel Vega Uribe (Defensa).

Pero además, buscó frenar los procesos de extradición de narcotraficantes. En la tarde del 6 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia fue incinerado. Por ello se dice que con la toma le estaba ‘haciendo el favor’ al cartel de Medellín.

‘Plan tricolor’, la retoma

Tras la toma del Palacio, el propio presidente de la Corte Suprema imploró al presidente Betancur a través de los medios de comunicación “cesar el fuego” y buscar una salida negociada con el M-19.

Sin embargo, la orden presidencial nunca llegó. Por el contrario, las investigaciones dieron cuenta de un golpe de Estado durante 18 horas, en las cuales los militares se tomaron el poder y recuperaron el Palacio a sangre y fuego, con el fatídico resultado ya conocido: 65 personas muertas, incluidos los 11 magistrados y 18 guerrilleros.

Por estos hechos, hoy tres décadas después, aún no hay claridad en varios aspectos. Esta semana fueron identificados tres desaparecidos.

Paradójicamente, mientras los guerrilleros del M-19 a los pocos años fueron indultados y amnistiados, demostrando que sí existía una salida política al conflicto, varios militares están presos y condenados por la desaparición de las personas concentradas en la cafetería del primer piso.

Si bien la mayoría de militares investigados, acusados y condenados por sus excesos durante la retoma del edificio fueron absueltos.

Pero aún permanecen con su situación no resuelta por la propia Corte Suprema de Justicia el general que comandó el operativo de retoma, Jesús Armando Arias Cabrales, y el entonces director de la Escuela de Caballerí, coronel Alfonso Plazas Vega.

*Bogotá | Colprensa