Bastaron 50 minutos para que la balanza se inclinara contra los intereses del cabildante, quien es procesado desde el pasado 25 de abril por la muerte de su esposa María Claudia Castaño Avendaño.

“Se accede a imponer medida de aseguramiento en prisión preventiva al concejal… probable autor de delito de homicidio agravado”, decidió Carlos Humberto Gómez Arámbula, Juez Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Cúcuta. (Ver recuadro)

Rápidamente, el fallo hizo eco en los impresionados asistentes. Y, lo alarmante del caso, Vélez no llegó al Palacio de Justicia de Cúcuta, dejando incluso con los crespos hechos y sin palabras a su maquinaria defensiva.

El  abogado David Espinosa, suplente de Jaime Granados, le había ratificado a La Opinión que su cliente comparecería ante la justicia, pero no fue así.

“Tiene instrucciones de asistir a la audiencia”, dijo el jurista el martes vía telefónica desde Bogotá. Ayer, ratificó desde la capital del país que esa era la imperativa estrategia y que no se podía pronunciar en otra dirección sobre el asunto.

La extraña jugada del concejal  alteró incluso la agenda de los investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes tuvieron que salir del Palacio de Justicia con las manos vacías. No pudieron cumplir el mandato del juez: hacer efectiva la orden de captura.

¿Por qué se ausentó? El cuestionamiento no tuvo elocuentes respuestas. Sin embargo, hubo una.

“A su salida de la cárcel, que fue un periodo muy traumático, decidió tomarse unos días de descanso. Tan pronto se sienta notificado de la decisión se presentará ante las autoridades para darle la cara a la justicia”, explicó el abogado Andrés Orjuela Villamil, también defensor suplente.

Édgar Torres, abogado de la familia de María Claudia, recriminó fuertemente la actuación del concejal y fue más allá. Se aventuró a citar algunas de las  palabras de Vélez a los medios de comunicación.

“Dijo, en repetidas ocasiones, que iba a cumplir las citaciones. Van cuatro audiencias a las que no asiste”.

Su ausencia, expresó, lo deja mal parado frente a la comunidad, máxime cuando se trata de un concejal.

“Si no quiere pasar una situación incómoda con la ciudad, sus electores y el concejo, es hora que se entregue y cumpla la orden del juez”,  explicó, mientras aplaudía la medida de aseguramiento.

Pidieron suspensión de la audiencia

Los abogados de Julio Vélez intentaron infructuosamente detener que a su cliente se le ordenara volver a la Modelo, adonde fue  enviado el pasado 4 de junio cuando se le impuso una fallida primera medida de aseguramiento.

En ese sentido, le solicitaron al juez que suspendiera la audiencia inesperadamente. Las razones: una nueva tutela hace curso en la Corte Suprema de Justicia.

“Fue radicada (el martes. Le solicitamos que aplace la audiencia hasta tanto se resuelva. Eso sería al menos 10 días”, explicó Andrés Orjuela Villamil.

La acción constitucional se interpuso contra una decisión del Tribunal Superior de Cúcuta, con la que se permitió que el juez Carlos Humberto Arámbula definiera ayer la suerte del concejal del partido de la U.

En la tutela, además, pidieron a la Corte detener urgentemente la diligencia sobre la medida de aseguramiento, pero nunca llegó un fallo del alto organismo frente al asunto.

“Está obligado el despacho, por el Tribunal, a realizar la siguiente audiencia. No he recibido una orden de suspensión. No se puede dilatar más la decisión”, respondió el juez a la solicitud.

Representantes de la Fiscalía, Procuraduría y el abogado de la familia de María Claudia coincidieron con el juez y se negaron, tajantemente, al aplazamiento.

El engranaje defensivo de Vélez ha interpuesto durante el proceso dos tutelas y un hábeas corpus. “No demora en sacar otra de sus muy geniales decisiones para seguir demorando la efectividad de la justicia”, indicó al respecto el abogado Édgar Torres.

Los expertos aseguran que la próxima carta jurídica podría inclinarse por la solicitud de una audiencia para revocar la medida de aseguramiento.