Tras declararse la nulidad de las medidas de aseguramiento en contra de la presunta red que traficaba con bebés y practicaba abortos ilegales, corresponderá nuevamente al juez, de primera instancia, sustentar debidamente las medidas preventivas y resolverles la situación.

Cabe recordar que el médico Rubén Dávila Navarro, dos enfermeras y dos colaboradores fueron detenidos el pasado 27 de mayo e imputados por la Fiscalía de los delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y suspensión, alteración o suposición del estado civil.

Al día siguiente, los tres hombres y las dos mujeres fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal, con función de garantías ambulante, que legalizó los allanamientos, las capturas y les impuso medida de aseguramiento en prisión al médico y a las enfermeras Yasmin Alcira Muñoz Celis y Nancy Yaneth Bastos Torres, mientras avanzaba el proceso en su contra.

Pese a que la Fiscalía solicitó para todos la misma medida intramural, Raúl Antonio Caicedo Chinome y Javier Mauricio Jaimes Leal (compañero sentimental de Nancy Yaneth), recibieron detención domiciliaria, tras serles imputado solo el delito de falsedad en documento.

Sin embargo, los abogados del médico y las dos enfermeras apelaron la decisión y le correspondió resolver, en segunda instancia, al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta, que los dejó en libertad tras considerar que hubo falta de argumentación por parte del Juzgado para decretarles la medida de aseguramiento en prisión y no resolver los cuestionamientos de los abogados en torno a los delitos por los cuales fueron imputados sus clientes.  

Dicha decisión cobijó, además, a los dos hombres que gozaban de detención domiciliaria por encontrarse inmersos en el mismo proceso judicial y bajo las mismas acusaciones.

¿Qué pasará?

Así las cosas, si bien en la actualidad los cinco procesados gozan de libertad, aunque sigan vinculados al proceso judicial, deberán esperar una nueva decisión del Juzgado Primero Penal Municipal que, sin embargo, no estará exenta a nuevas apelaciones por parte de la defensa de los procesados.

En caso de fuga, podrían expedírseles órdenes de captura, aunque también existe la posibilidad de que sean procesados en ausencia, o los delitos por los cuales se les acusa  queden en la impunidad.

La historia

Según la investigación que desarrolló la Policía y que incluyó una agente encubierta y un testigo bajo reserva de identidad, tanto el médico Rubén Dávila Navarro como las dos enfermeras y los dos colaboradores, integraban esta red que  tendría como epicentro delictivo una unidad médica ubicada en el barrio La Playa, desde donde las pacientes eran llevadas a la Clínica La Samaritana, para practicárseles los abortos ilegales.

El coronel Jaime Alberto Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que la red cobraba entre $450.000 y $600.000 por un aborto. Por la venta de cada niño recibían entre 4 y 5 millones de pesos.

“Buscamos determinar las condiciones en que se registrarían los abortos clandestinos, que alcanzarían los 15 casos semanalmente”, dijo entonces el oficial.

El coronel Barrera sostuvo que el primer paso, bien fuera para abortar o para negociar el bebé que estaba por nacer, era ir a una consulta con el médico Dávila.

“Las mujeres llegaban hasta el consultorio del médico y él las remitía a una clínica en Los Patios. En ese centro asistencial llevaban a cabo los abortos, si la gestación era inferior a cuatro meses. Si el embarazo superaba esa etapa, el médico y las enfermeras negociaban la prolongación del embarazo, bajo supervisión, para vender al bebé”, explicó.

El oficial indicó que en este tiempo, la madre recibía los cuidados médicos necesarios a cargo de estas personas, quienes suministraban medicamentos para la maduración pulmonar de los bebés y garantizar así su normal nacimiento a los siete meses.