Por ser reincidente, solo una mujer, de siete detenidos, recibió medida de aseguramiento en prisión, tras ser capturada en una redada para contrarrestar la comercialización de drogas cerca a entornos educativos.

Así lo dio a conocer el coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien destacó que fueron 14 allanamientos en inmuebles ubicados en los barrios San Luis, Loma de Bolívar, Comuneros, Toledo Plata, Simón Bolívar, Galán y San Miguel, desde donde, según las labores investigativas y el manejo de fuentes humanas, se vendrían comercializando diferentes sustancias estupefacientes.

La mujer fue identificada como Fabiola Santiago Ramírez, de 36 años, quien fue capturada junto a su compañero, y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

En la operación, los agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) incautaron 392 gramos de narcóticos, algunos de ellos listos para distribuir.

La investigación arrojó que los aprehendidos (tres mujeres y cuatro hombres) comercializaban en los inmuebles con marihuana, basuco y cocaína mediante el sistema de narcomenudeo.

Según el coronel Barrera, estos expendios, conocidos como ‘ollas’, estarían recibiendo mensualmente ingresos cercanos a los $4.000.000, producto de la actividad ilícita.

Seguir capturando

El comandante de la Policía Metropolitana indicó que sus hombres cumplen con el trabajo de detener estas redes de tráfico de estupefacientes, pero se sale de sus manos si un juez considera que no son un peligro para la sociedad y los deja libres.  

Sin embargo, aclaró que en muchos de los casos las investigaciones continuán y, de ser meritorio, son emitidas nuevas órdenes de captura.  

“Muy seguramente si estas personas vuelven a expender y son capturados ya no recibirán beneficios, sino serán enviados directamente a las cárceles. El tema es tan delicado que tenemos casos de niñas que se están prostituyendo para poder consumir drogas”, agregó el oficial.   

Con esta operación se evitó que los inmuebles sirvieran como guarida para los expendedores y que al tiempo fueran una amenaza latente para la seguridad de la ciudadanía y de los estudiantes de los planteles educativos que se encuentran funcionando a pocas cuadras.

Estas ‘ollas’ se convierten en fuentes de atracción para consumidores, redes de microtraficantes, bandas delincuenciales y estructuras de crimen organizado que buscan lucrarse de la actividad ilícita, desencadenando otro tipo de conductas delictivas conexas como el homicidio, la prostitución, el hurto y la extorsión.