El rosario en la mano derecha que utilizó para comunicarse con el ‘altísimo’ durante la audiencia preliminar, no le sirvió de nada a la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, que el domingo fue enviada a la cárcel por una jueza Penal con Función de Garantías.

Las malas noticias para Prado Carrascal empezaron a las 11:45 de la mañana, cuando la jueza Luisa Beatriz Torrado determinó que la mandataria no representaba un peligro para la sociedad, pero al estar libre y en su cargo sí podría obstruir el desarrollo del proceso legal que está en su contra, por lo que lo mejor para garantizar el cumplimiento de la ley era enviarla a un centro reclusorio.

Este mismo concepto se les aplicó a Juan Pablo Bacca Manzano y Albert Emiro Urquijo Sánchez, secretarios de Gobierno y Tránsito de esa localidad, quienes acompañaron a la alcaldesa en la esquina de los acusados y también fueron enviados a prisión.

En la tarde, la mala hora del trio continuó, puesto que después de escuchar los argumentos de los tres abogados defensores, Torrado determinó mantener su decisión de privarlos de la libertad, sin darles la oportunidad de tener casa por cárcel, a la cual, de acuerdo con la explicación escuchada durante la audiencia, ninguno de los acusados podía aspirar porque no cumplían con los requisitos necesarios para ello.

(Albert Emiro Urquijo también será llevado a la cárcel de Ocaña.)

Un fin de semana oscuro

Los problemas judiciales de los funcionarios de la segunda ciudad más importante de Norte de Santander, iniciaron el viernes de la semana pasada, cuando los tres fueron capturados por solicitud de la Fiscalía Tercera para la Administración Pública, en medio de un operativo relámpago liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La celebración indebida de tres contratos y la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, son los procesos que se adelantan contra los nuevos inquilinos de la prisión ocañera.

Ahora, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hace el traslado de los sindicados hacia esa localidad, el equipo de abogados de la defensa buscará sacar adelante la apelación del caso frente a un juez de segunda instancia, proceso que puede durar entre 15 días y un mes.

Del otro lado, la Fiscalía- tiene 90 días para presentar la acusación y ratificar la imputación que quedó en firme en la audiencia preliminar.

El proceso, que puede ser muy largo, según explicó Said Contreras, abogado de Prado, será definido al final por un juez de Conocimiento, que será el encargado de evaluar la responsabilidad de los sindicados en cada uno de los delitos que se les señala.