A pesar de las advertencias y alertas tempranas activadas por la Defensoría del Pueblo, agricultores siguen cayendo en campos minados en la zona del Catatumbo.

El más reciente caso ocurrió en la vereda El Loro, en San Calixto, donde el campesino Jesús Iván Ruedas Guerrero, de 21 años, sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo.

De inmediato, fue llevado hacia el hospital regional Emiro Quintero Cañizares, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

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Según el enfermero jefe Bibiano Angarita Baene, el paciente ingresó con heridas en la pierna izquierda, a nivel del tórax, abdomen y en cara; además, con afección oftálmica. 

“Se encuentra estable y se espera la remisión para el manejo en la unidad especializada por las quemaduras de segundo grado en el rostro y tórax. Además, tiene esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Preocupa la lesión oftálmica del paciente”, indicó.

El comandante del Segundo Distrito de la Policía de Ocaña, teniente coronel Elkin Corredor, indicó que se adelantan las investigaciones con los familiares para conocer detalles sobre el caso. Sostuvo que en la zona delinquen el Eln y Los Pelusos.

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Conjuntamente con las fuerzas militares, especialmente con el Grupo Marte, se adelantan labores para detectar esos artefactos explosivos no convencionales improvisados.

Inminente peligro 

En la zona del Catatumbo existe preocupación por el uso de artefactos no convencionales prohibidos por los protocolos internacionales de derechos humanos ya que atenta contra la movilidad de los labriegos de la región.
 
El Defensor Regional del Pueblo, Diógenes Quintero Amaya, lamentó esos hechos donde resultan lesionados campesinos a la hora de desarrollar actividades agrícolas.

“Son situaciones que ha venido advirtiendo la defensoría del pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas, sobre la existencia de esos artefactos que pone en peligro a la población. Con la comunidad se ha hecho un ejercicio con la prevención  del riesgo, hay muchas entidades encargadas de la educación y riesgos de minas, pero hay una mayor responsabilidad de parte del Estado. Nosotros hemos alertado y recomendado que se tomen las medidas pertinentes”.

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Quintero aseguró que anteriormente eran caminos de herraduras y ahora se encuentran artefactos en las parcelas, cerca de las viviendas e incluso escuelas, donde se expone la vida de los niños.

“Hace año y medio se viene agudizando más el conflicto y esto lleva a la existencia de minas antipersonas que afecta a las comunidades ya que están cerca a los bienes civiles”, agregó.

En reiteradas ocasiones los líderes sociales de la región han solicitado al Gobierno Nacional emprender un desminado humanitario para evitar que los campesinos salgan afectados.