Miguel Ángel Torres Gravier, Antonio Morales Sierra y Yasmín Sabogal Barajas fueron absueltos de concierto para delinquir, pero serán condenados por porte ilegal de armas de uso personal y privativo de las Fuerzas Armadas.

Así lo decidió ayer un Juzgado Especializado de Cúcuta luego de anunciar que el sentido del fallo será condenatorio por el mencionado delito, tras no demostrarse el concierto o acuerdo para cometer hechos delictivos.

Los dos hombres y la mujer fueron detenidos el 5 de enero de 2012 entre un grupo de personas señaladas de pertenecer a la banda delincuencial de Los Urabeños, en allanamientos simultáneos efectuados en el municipio de Los Patios y el barrio Carlos Ramírez París.

Entre los detenidos se encontraba Carlos Wbeimar Ángel Ramírez, quien con posterioridad aceptó los cargos por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. 

Según relató la Fiscalía, los implicados fueron ubicados por información de una fuente, bajo reserva de identidad, que detalló los nombres y lugares donde se escondían los presuntos miembros de esta banda delincuencial. 

En los allanamientos las autoridades se incautaron de dos granadas de fragmentación, dos pistolas, 69 cartuchos calibre 9 milímetros y dos chalecos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía  y que presumiblemente eran usados para suplantar a la autoridad.

Operación

Para entonces, el coronel Álvaro Pico Malaver, Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que los procedimientos fueron el resultado de la Operación Safari contra Los Urabeños, que operaban en Cúcuta y su área metropolitana. 

Los capturados fueron presentados ante los Juzgados Primero y Noveno Penal municipales que legalizaron sus capturas y les impusieron medida de aseguramiento en prisión. Cabe destacar que ninguno de los capturados aceptó su responsabilidad por la tenencia de las armas de fuego y las granadas.

Al término de la audiencia, el Juzgado Especializado informó que fijará una nueva fecha para la lectura de la sentencia condenatoria, que estaría entre los 3 y 10 años de prisión.