Liliana Katerine Fuentes Díaz, capturada el 26 de junio de 2014 en una redada policial contra el Clan Úsuga, aceptó cargos y fue condenada a 5 años y 3 meses de prisión.

La mujer hace parte del grupo de 28 capturados, entre los que se encontraba un menor de edad y uno de los cabecillas de dicha organización delincuencial, quien desde prisión ordenaba extorsiones, asesinatos y movimientos de droga y armas.

Fuentes Díaz aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado (con fines de homicidio y porte ilegal de armas),  y uso de menores de edad para la comisión de delitos, a cambio de una reducción del 50 por ciento de la pena.

Para entonces, el coronel Gonzalo Carrero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que las capturas fueron el resultado de una investigación, iniciada por un inusitado incremento de extorsiones y homicidios en el área metropolitana.

El rastreo

La investigación inició con la interceptación de varias líneas telefónicas, entre ellas, la del cabecilla preso, así como declaraciones bajo reserva de identidad.

“En las llamadas se podía escuchar cómo este preso (alias ‘Daniel’) le ordenaba a estos criminales a quiénes debían asesinar o extorsionar. Además, cómo debía ser el movimiento de la droga y las armas y hasta el cobro de vacunas a los contrabandistas”, señaló un investigador judicial.

Una vez tuvieron identificados a cada uno de los presuntos criminales, iniciaron su ubicación y fueron hasta cada uno de los sectores donde residían y hacían reuniones, descubriendo que Cerro de la Cruz, parte alta de Sevilla, era el centro de operaciones.

“En este sitio era donde se reunían y coordinaban cada una de las acciones. Sabemos que allí escondían las armas y, además, llevaban a los integrantes de bandas delincuenciales para obligarlos a trabajar con ellos”, explicó el investigador.

Pero lo que más impresionó y preocupó a las autoridades es que esta presunta organización criminal utilizaba a menores de edad para que les avisaran cuando la Policía llegaba a ese lugar o para vender alucinógenos.

“Los crímenes se dieron por la confrontación de ellos contra Los Rastrojos, por ajustes de cuentas entre la misma organización o porque la gente no les quería pagar extorsiones”, indicó la fuente judicial.

Preacuerdo

Fuentes Díaz fue presentada ante el Juzgado Noveno Penal Municipal Ambulante que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión, sin que se allanara a los cargos.

Sin embargo, el pasado 17 de febrero la mujer cambió su decisión y se acogió a sentencia anticipada, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el cual, fue aprobado ayer por un juzgado especializado de Cúcuta que la condenó sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

“La acusada fue capturada después de una ardua investigación (…) al inferirse que junto a sus compañeros de empresa criminal  ejecutaban diferentes delitos como lo demuestran los elementos de prueba, y los cuales admitió al aceptar su responsabilidad, tal como consta en el preacuerdo”, señaló el juzgado en su decisión.