Robert Alexander Beltrán Díaz, de 19 años, aceptó el miércoles ante un juzgado especializado de Cúcuta los cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir.

Beltrán Díaz fue capturado a comienzos de octubre de 2016 junto con otros dos hombres y un menor de edad, mientras cobraban extorsiones a sus víctimas. Fueron señalados por la Policía de exigir dinero a comerciantes y vendedores de gasolina en Cúcuta y Villa del Rosario, haciéndose pasar como miembros de Los Rastrojos, Los Urabeños o paramilitares. 

“Robert Alexander fue aprehendido porque le pedía $100.000 a una mujer a cambio de dejarla trabajar. La víctima ya había pagado una cuota”, señalaron entonces las autoridades.

Tras su detención, Robert Alexander fue presentado ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Los Patios, con función de control de garantías, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra. El imputado no aceptó los cargos.

“La señora que laboraba como prestamista en Villa del Rosario señaló que para poder trabajar se veía obligada a pagar una cuota extorsiva de $6.000 mensuales. Además que ya había pagado $50.000 y que ese día tenía que pagar otros $50.000 o de lo contrario la matarían a ella y a su familia. Robert Alexander fue detenido en flagrancia cuando abordó a la víctima para recibir el dinero”, señaló la Fiscalía. 

En otro caso, un comerciante indicó que desde febrero de 2015 dos sujetos en motocicleta le exigieron pagar $1.000.000 y luego una cuota mensual de $80.000 .

En caso de denunciar ante las autoridades lo amenazaron con la muerte. En total, entregó $3 millones 500 mil.

Adición

En el transcurso del proceso el ente investigador le adicionó nuevos cargos al procesado al conocer al menos 6 nuevas denuncias de personas afectadas por el mismo delito. El 29 de noviembre de 2016 radicó el escrito de acusación en su contra. 

Sin embargo, Beltrán Díaz llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja en la pena. Por este camino, evitó ir  a un juicio oral y público.

Dicho preacuerdo fue aprobado por el juzgado especializado por una pena de 13 años y 8 meses de prisión. Por ahora, queda pendiente la lectura de dicha sentencia.