Aunque no fue materia de debate probatorio la propiedad, procedencia o destino que tendrían 221 kilos de clorhidrato de cocaína, Miguel Eladio Galvis Peñaloza aceptó ser el responsable de transportar el cargamento, siendo condenado a 128 meses de prisión.

Galvis Peñaloza fue detenido el 27 de abril de 2014 cuando se desplazaba en un camión con planchón marca Ford 350, de placa A25CS9A venezolana, por la vereda La Libertad, jurisdicción del corregimiento de Petrólea (Tibú).

Según relató la Fiscalía, un grupo de la Policía Antinarcóticos instaló un puesto de control en esta vía que comunica con Venezuela, e interceptó el automotor notándole una actitud nerviosa a Miguel Eladio, lo que los llevó a inspeccionar el planchón del vehículo.

“Por una ranura del planchón los uniformados observaron paquetes envueltos en plástico y procedieron a dirigirse a la subestación de Policía de Petrólea, donde descubrieron que se trataba de una sofisticada caleta donde se guardaban 219 paquetes, que pesaron 221 kilos de clorhidrato de cocaína”, señaló el ente investigador.

Para entonces, la Policía Antinarcóticos informó que según datos aportados por un informante la droga sería traída desde un laboratorio en el corregimiento de La Gabarra y tendría como destino Venezuela, de donde saldría hacia Centroamérica y de ahí a Estados Unidos.

“La Policía solo sabe que esa banda de narcotraficantes se asoció con Los Rastrojos y las Farc para comprar y transportar el alcaloide hasta Venezuela”, señaló la información oficial.

El estupefaciente, valorado en $876 millones, tenía estampado en cada paquete el nombre de  “Tabaco” y se presume que de haber llegado a Estados Unidos su valor habría alcanzado los cinco millones de dólares.

Preacuerdo

Galvis Peñaloza fue presentado ante el Juzgado Noveno Penal, con función  de control de garantías, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra. La Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la modalidad de transportar, agravado. 

Aunque inicialmente el procesado no aceptó los cargos, el pasado 2 de febrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar su responsabilidad a cambio de eliminar el agravante del delito, lo que le representó una disminución en la pena.  

Dicho preacuerdo fue aprobado ayer por un juzgado especializado de Cúcuta que lo condenó sin beneficios de casa por cárcel o suspensión  condicional de la ejecución de la pena. Además lo sentenció a pagar una multa de 1.334 salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberá consignar a favor del Estado.

Al término de la diligencia, Galvis Peñaloza, de 24 años y natural de Cúcuta, quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que definirá el centro de reclusión donde deberá purgar la pena impuesta.