A pocos días de que se cumplan tres meses de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Ricardo Lorenzetti, instó por  Radio La Red que se esclarezca el hecho, cuya investigación ha sumado más dudas que certezas.  

El cadáver del fiscal fue encontrado en un cuarto de baño de su apartamento de Buenos Aires el 18 de enero  con un tiro en la cabeza por sus familiares y guardaespaldas cuatro días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de exdiplomáticos y exministros iraníes acusados del atentado a un centro judío de Buenos Aires en 1994.

“Nos ha pasado en muchos casos que los homicidios no se resuelven, o terminan en cuestiones subalternas, derivadas, y esto no puede ser así”, señaló Lorenzetti, quien no quiso opinar sobre el trabajo que realiza la fiscala  cargo de la investigación del caso, Viviana Fein. La investigadora no tiene claro si el hecho obedece a un suicidio o a un asesinato.  

El magistrado sostuvo que cuando se demora la resolución de un caso “las víctimas terminan siendo culpables” y afirmó que “lo importante es evitar la frustración de la gente que reclama justicia. Tiene que haber investigación policial... acá lo que falta son cuerpos policiales especializados con tecnología”, .

La jueza Sandra Arroyo Salgado, exmujer del fallecido fiscal y parte querellante en la causa, cree que Nisman fue asesinado y ha denunciado que la fiscala recibió diversas amenazas en los últimos años. La magistrada está disconforme con la tarea de Fein e intenta que sea apartada de la causa.

Un informe realizado por peritos de la querella difiere con el oficial acerca de las circunstancias en que murió Nisman. Según la pericia oficial todo apuntaría a que habría terminado con su vida al disparar una pistola que fue encontrada junto a su cuerpo. Para la querella, en cambio, fue asesinado mientras estaba arrodillado frente a la bañadera y su cuerpo fue luego reacomodado para hacer pasar el hecho por un suicidio.

Hasta hora el único imputado en la causa es Diego Lagomarsino, un asesor informático de Nisman acusado de haberle prestado al fiscal la pistola con la que se produjo el disparo. Lagomarsino alegó que le dio el arma al investigador porque éste le dijo que temía por su vida.

En tanto la presidenta ha negado las imputaciones de Nisman, que han sido desechadas por un juez y una cámara de alzada.

Fernández ha acusado a un exjefe de espías de haber suministrado datos falsos al fiscal para fundamentar su denuncia y ha sugerido que aquel estaría detrás de la muerte del investigador.

La bomba que estalló en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, mató a 85 personas e hirió a otras 300, en el peor ataque de su tipo en el país sudamericano.