El escándalo desatado tras la sanción impuesta a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y al comité directivo de la entidad en su momento, por la desviación de boletería para la reventa durante ocho partidos de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, traerá una serie de consecuencias y podría convertirse en el ‘Fifagate’ colombiano.

Como si no fuera suficiente a la crisis que está viviendo el fútbol profesional colombiano por la emergencia generada por la pandemia de la COVID-19, debido a la inactividad deportiva y los problemas financieros de los clubes, y a los problemas que existen al interior de la ya dividida Dimayor, ahora se sumó un escollo más, con un escándalo que se venía cocinando desde hace más de cinco años.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó el pasado 6 de julio de 2020 un tema que se empezó a investigar en el año 2015, cuando se denunciaron las primeras irregularidades en la venta de la boletería para los partidos de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla; y dio sus primeros frutos en julio de 2018, con la formulación de pliego de cargos.

Serán entonces más de 16.000 millones de pesos los que tendrá que pagar, sí o sí, el máximo ente rector del fútbol colombiano, según el fallo de la SIC, un dinero que no le caería mal en estos momentos a los clubes de fútbol del rentado nacional en medio de la pandemia.

Además, los nueve directivos sancionados deberán pagar cerca de 2.000 millones de pesos, en total, por los mismos hechos.

Entre los hallados responsables por la SIC está el expresidente de la FCF Luis Bedoya, quien se encuentra colaborando con la justicia en Estados Unidos por el FIFA Gate, tras recibir sobornos entre 2007 y 2015 como miembro del comité de la entidad rectora.

El exdirectivo se encuentra actualmente en libertad condicional y ahora tendrá que pagar 262 millones de pesos por la reventa de boletas.

El que tiene el panorama más oscuro entre los sancionados es Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y primer vicepresidente de la entidad para la época de los hechos, pues, aunque la decisión no está en firme, ya que cuenta con recurso de reposición, hay voces que le piden que dé un paso al costado y prepare los argumentos de su defensa lejos de la entidad.

El actual presidente tendrá que pagar una multa de 304 millones de pesos al incurrir en responsabilidad frente a los hechos y haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y tolerado, según el fallo de la SIC, en la conducta violatoria de la libre competencia.

El directivo también está siendo señalado por compañeros de comité de la época, como uno de los principales responsables.

Uno de ellos es Jorge Perdomo, quien era el presidente de la Dimayor y miembro del comité directivo de la FCF. El hoy también sancionado a pagar 100 millones de pesos, manifestó en recientes declaraciones a la prensa que los llamados ‘jerarcas’ de la Federación fueron los que gestionaron el negocio y que a él también intentaron sobornarlo.

Entre los sancionados también se encuentran Álvaro González Alzate, Juan Alejandro Hernández, Claudio Javier Cogollo, Elkin Enrique Arce, Andrés Tamayo Iannini y Rodrigo José Cobo Morales, quienes también hacían parte del comité directivo de la Federación Colombiana de Fútbol.  

“Los jerarcas de la Federación, Bedoya, Jesurún y González, se confabularon para entregar el contrato y como lo dice la investigación, recibieron un dinero para ofrecerlo”, señaló el actual presidente del Atlético Huila, Jorge Perdomo, quien explicó que a él le ofrecieron “un dinero para la renovación del contrato contándome que para la adjudicación habían entregado mil millones a cada uno de los jerarcas”.

¿Qué viene?

Aunque todavía falta “mucha tela por cortar”, como lo dijeron varias fuentes consultadas, y queda un recurso de reposición, el panorama no es del todo claro para las personas implicadas.

El fallo entregado por la SIC, estudiado al detalle, es muy diciente de las conductas que se violaron en cada uno de los casos y salir bien librados de esta situación no será fácil.

Así lo considera el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, quien señaló que, pese a que existe el recurso de reposición en la SIC, “la posibilidad de que eso sea revocado es bastante remota”.

El exfuncionario señaló que más allá de que se revise la sanción, el superintendente Andrés Barreto González debe confirmar el caso.  

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, lamentó que está situación se esté presentando y que el fútbol se está viendo manchado por este hecho, por lo que solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol contemplar una investigación disciplinaria, basada en los hechos enmarcados por la SIC y se evalúe la suspensión de los funcionarios involucrados.

“Se suspendería a las personas involucradas en el caso si la federación toma esa decisión. Después el ministerio entraría a conformar un comité interino de emergencia, para solventar la situación mientras que se constituye, mediante unas elecciones, un nuevo comité”, indicó a los medios, quien se mostró con una postura muy respetuosa al debido proceso y ante las decisiones en que tomen en la FCF.

Sin embargo, también advirtió que en el caso que haya una imputación de cargos por parte de la Fiscalía, el ministerio procederá directamente a suspender a los directivos de la Federación. “Lo que salió de la SIC es muy grave, y nosotros creemos que en el momento en que ellos consideren, hay que tomar las medidas necesarias por el futuro del deporte”, dijo.

La decisión de la Fiscalía, según se conoció se daría en el transcurso de la próxima semana, ya que el ente investigador viene evaluando el fallo completo de la SIC para identificar si hay cabida a abrir una investigación formal contra estas personas.

Para el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, el proceso que se surte en la Fiscalía General sobre la reventa de boletas para los partidos de la eliminatoria, está antecedido por una fuente de información que se asimila, en términos judiciales, a una noticia criminal, que corresponde a una denuncia.

El proceso está en la Fiscalía desde 2018, por lo que puede que las decisiones prosperen rápido, ya que se tiene abierto un proceso por estos hechos desde hace dos años. Entre las implicaciones, Mendoza Diago señaló que depende de los delitos que se le imputen, pero tendrá repercusiones sociales, por tratarse de un deporte que mueve tanta gente.

“El caso se puede convertir en un FIFAgate, no lo descarto. Es posible que el tema crezca bastante. En realidad, todo lo que tiene que ver con el fútbol es una cosa relevante, eso tiene repercusión social y se engañó mucha gente por la reventa de boletas, no sé si se hable de estafas en masa, pero sí creo que esto apenas está empezando y puede crecer mucho”, manifestó Mendoza Diago.

¿Reestructuración?

El presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, se manifestó en el mismo sentido que Lucena, al considerar que si hay alguna vinculación penal, la situación es más complicada. “En mi concepto, no podrían mantener la actividad en un comité de la Federación o de algún club”, señaló.

El directivo fue enfático en que se debe realizar una estructuración urgente al fútbol colombiano, que debe iniciar por una reforma estatutaria que abra la participación a todas las partes interesadas en la asamblea y comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol como entrenadores, futbolistas, árbitros, fútbol femenino, fútbol sala, como lo establece la FIFA.

“Solo una reestructuración de fondo sacará al fútbol colombiano de la crisis sin precedentes que vive actualmente, regresará la credibilidad en la dirigencia”, manifestó González Puche, quien explicó que el cambio en Colombia a modelos tipo se iba a realizar en Colombia este año, pero producto de la pandemia que estamos viviendo el tema se ha demorado.

Para el expresidente de Independiente Santa Fe, Juan Andrés Carreño, el tema de la pandemia tiene en una crisis difícil y profunda al fútbol colombiano, por lo que el escándalo de la Federación Colombiana de Fútbol no debe profundizar los problemas que se vienen presentando. El exdirectivo señaló que se deben buscar soluciones muy creativas frente a los problemas.

“Hay una crisis institucional muy dura, pero más allá de los nombres es importante entender que se tiene que superar uniéndose, encontrar fórmulas unidas. El gran llamado es a encontrar fórmulas de unión institucional para superar la crisis”, manifestó Carreño.

El directivo manifestó que el presidente de la FCF “es un hombre con mucha experiencia, muy inteligente y el comité ejecutivo tendrá que hacer los análisis de qué es lo mejor para ellos y para el fútbol y sopesar muy bien todos los riesgos, porque claramente hay riesgos”. Entre estos mencionó que el Gobierno Nacional puede buscar soluciones por su cuenta.

“Yo espero que las soluciones se encuentren en el fútbol, los procesos de intervención son demasiado costosos para las industrias y me parece que aquí hay que tener corazón grande y pensar primero en el bienestar colectivo del fútbol, dejar de un lado los intereses personales y particulares y saber cuál es la mejor decisión que se debe tomar”, indicó el exdirectivo.

Carreño señaló que en el fútbol colombiano hay gente buena, preparada y, sobre todo, gente que conoce muy bien este negocio, en medio de un momento donde se necesita mucho liderazgo y mucha unión. “Todos estos procesos jurídicos-judiciales tienen efectos y esperemos que sean los menores posibles. En la medida que se tomen decisiones rápidas los efectos van a ser menos complicados”, concluyó.

La próxima semana podría ser crucial para el desarrollo de este escándalo con una decisión de la Fiscalía General. Mientras tanto, los directivos de la Federación tendrán que seguir analizando todos los puntos necesarios para su defensa.