Este martes se cumple un mes de la reapertura peatonal de la frontera, pero en contra de las expectativas de las autoridades regionales para tener una zona controlada y segura en ambos lados de la línea limítrofe, los compromisos quedaron solo en promesas.

Tal es el caso de las mesas de trabajo que debían darse para seguir el proceso de estabilización de la frontera y de cooperación binacional.

Según Juan Carlos Cortés, secretario de Fronteras del departamento, los encuentros con los delegados del gobierno venezolano para dialogar sobre comercio y transporte, “no han avanzado porque, por parte de Venezuela, se cancelan”.

Para el funcionario, es fundamenteal que se aborden estos temas trascendentales para reactivar la relación binacional, porque “lo que se quiere es dejar pautas; ese es el objetivo”.

Además de manifestar inconformismo por la cancelación de los compromisos, con excusas como en falta de permisos desde Caracas y otros motivos, también señaló la falta de control en la frontera.

“En el país se está haciendo el control con el registro de las personas, la entrega de la tarjeta migratoria, pero por parte de Venezuela no se está haciendo nada, y no se pide ningún documento”, comentó. “La Cancillería y la Gobernación seguimos pendientes, e insistiendo”.

La salud, en crisis

Además de las cancelaciones de las reuniones y el inexistente control fronterizo, otro problema, según el gobierno regional, es la falta de reciprocidad en la atención en salud.

De acuerdo con Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud, “las mesas, hasta ahora y con el Instituto, no nos hemos vuelto a reunir”.

Si bien, en su momento, se cumplió con la solicitud de tener cinco unidades móviles para atender a los pacientes, aún está pendiente la millonaria deuda por la cobertura que se ha dado a los venezolanos.

“En las mesas se propuso la creación de un fondo binacional en el que ambas naciones aportarían recursos para pagar la prestación de los servicios de salud, en ambas zonas de la frontera”, dijo Bitar.

Sin embargo, sobre este punto no hubo ninguna respuesta, no solo del gobierno venezolano sino del nacional.

Por ello, el director llamó la atención “del Gobierno Nacional en la creación de ese fondo, porque el valor de la deuda va a alcanzar los dos mil millones de pesos”.

Según el reporte del Instituto, el Hospital Universitario Erasmo Meoz ha atendido pacientes por un valor de $1.800 millones, mientras que el hospital de Tibú llegó a $164 millones.

Según el Instituto, las IPS no tienen a quién cobrar las atenciones de alto costo, lo cual genera gastos imposibles de recuperar, salvo que el gobierno venezolano por fin se haga cargo de sus compatriotas.

Otros temas pendientes

Una de las iniciativas que se anunció con la reapertura fue el censo de vehículos de placas venezolanas, que no se ha iniciado.

Según Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, la tarea no ha empezado porque se espera un aval del Gobierno Nacional para efectuar el control.

“Estamos pendientes de una respuesta desde Bogotá, porque se debe aclarar la competencia del municipio para el control anunciado”, dijo. 

Según explicó, las medidas sobre los vehículos podrían asumirse como una forma de empadronamiento, “que no existe en el país”, situación que debe aclararse. 

Así mismo, está pendiente otra respuesta el ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de cobrar un impuesto de rodamiento en la región, también para carros venezolanos.

La Opinión