En la medida que avanza el tiempo, y la situación en la frontera colombo-venezolana por la zona de Táchira - Norte de Santander se hace más crítica, aumenta el rechazo de los venezolanos a la medida gubernamental del cierre del tránsito entre ambos  países.
 
A las  voces de protesta que se han levantado de distintos sectores y estratos sociales y económicos, se suman el Manifiesto de la Conferencia Episcopal Venezolana que condena la agresión a los ciudadanos colombianos.

El miércoles pasado, el Concejo de San Cristóbal entregó en el Consulado de Colombia un documento de rechazo al establecimiento del Estado de Excepción. El jueves, frente a la sede del Consulado de Colombia en San Cristóbal se produjo la concentración de cientos de personas de la sociedad civil, en representación de gremios profesionales, estudiantes, trabajadores y amas de casa, quienes expresaron voces de hermandad con los colombianos ultrajados, también manifestaron  el repudio a las medidas represivas del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Grave crisis de la historia republicana

Uno de los más agudos críticos a la medida gubernamental venezolana ha sido el historiador ex diplomático y político tachirense Walter Márquez Rondón, quien calificó la situación como la más grave crisis desatada en la historia republicana de los dos países.

Márquez, quien fue elegido por cinco períodos consecutivos como diputado al Congreso de Venezuela, incluida la actual representación ante la Asamblea Nacional por la zona de frontera; fue durante 35 años profesor de Historia de la Universidad de los Andes y se desempeñó durante cinco años como Embajador en la India en la gestión del Presidente Hugo Chávez.

“Son tan grotescas, tan impactantes, y tan dramáticas  las imágenes de la expulsión, del destierro y traslado forzoso de colombianos que estaban asentados en Venezuela, que además de la deportación esta situación  se convierte en una crisis humanitaria de grandes dimensiones y  en una crisis política y diplomática”, dijo Márquez.

Esta situación es mucho más grave en una zona de integración colombo-venezolana, porque el Río Táchira tiene un estado integracionista a ambos lados, dijo Márquez, quien precisó que desde la época colonial, hasta nuestros días hay grandes nexos entre los pobladores de uno y otro país.

Hay ejemplos de líderes colombianos descendientes de venezolanos como Francisco de Paula Santander, héroe de la independencia y ex presidente de Colombia, tuvo como abuelo a un sancristobalense y la abuela de Virgilio Barco Vargas, quien fue Presidente de Colombia nació en Maracaibo. Y al revés, de los siete presidentes tachirenses del siglo pasado: Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez  eran  hijos de padre o madre colombianos y  la esposa de Cipriano Castro, doña Zoila Martínez de Castro, nació en Cúcuta.
 
Moribundo desarrollo económico

A lo largo del tiempo se ha ido metropolizando la región y hoy Ureña, San Antonio, Villa del Rosario y Cúcuta, forman parte de una integración física, cultural, política, económica y social; entonces cerrar la frontera, en forma inconsulta y no negociada con Colombia, trae consecuencias imprevisibles.

Para Márquez el daño que ha causado el cierre de frontera es muy grande y el precio que se está pagando  es muy alto. La economía que ya venía deprimida en la zona recibe un “puntillazo” que la deja al borde de la agonía.

Y lo paradójico, -comentó- es quien las consecuencias también  las está pagando la población venezolana.  Las pequeñas fábricas que se alimentaban de la mano de obra colombiana debieron cerrar o disminuir a resultados mínimos su producción.

Las agresiones en masa

Deportar masivamente a colombianos, se convierte en un delito de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma, y  debe ser juzgado ante la Corte Penal Internacional, que conoce de genocidios, delitos de guerra y de lesa humanidad.

En la forma y el procedimiento que aplicó el gobierno venezolano para  las deportaciones masivas también se cometieron ilegalidades, porque no cumplieron  ni con el debido proceso migratorio y con el debido proceso judicial, tal y como está garantizado en la constitución.

Márquez señaló que no se justifica el cierre de la frontera por un delito común como el asesinato de tres oficiales del ejército y un civil, “como parlamentarios reprochamos que el cierre de los puentes por un delito común”, dijo.

La Ley Orgánica del Estado de Excepción debe reunir dos requisitos: primero que sean circunstancias muy graves que comprometan la seguridad de la nación, y segundo que se agoten las vías ordinarias para conjurar la crisis y nada de eso se cumplió, para justificar el cierre de los puetes.

Es importante señalar que no se trata de un hecho aislado; ya hay una política de criminalización, una política de crímenes de colombianos en la zona de frontera; ocurrió en la masacre de La Fría y otros casos que han sido documentados.

*Ramsés Díaz León