La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que entró en Vigencia este primero de mayo para reglamentar el cruce de venezolanos en los pasos binacionales de frontera, fue calificada por el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, como “un acto de xenofobia legal en contra de los venezolanos”.

El paso binacional entre Colombia y Venezuela ha sufrido múltiples regulaciones desde agosto de 2015, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó de forma intempestiva y unilateral, un cierre total de fronteras y la posterior expulsión del territorio venezolano de miles de colombianos que permanecían ilegalmente en el país, en uno de los mayores éxodos registrados por la historia latinoamericana reciente.

Casi un año después, ambos países acordaron una apertura parcial que permite el paso peatonal y de carga comercial en horarios restringidos; apertura que debía ser acompañada de una serie de controles con miras a incrementar los niveles de seguridad, una de las principales razones argumentadas por Venezuela para justificar el cierre.

Sin embargo, desde el mismo momento en que se dio la apertura parcial y una avalancha de venezolanos se volcaron a buscar en Colombia los medicamentos, alimentos e insumos que escasean en su país, sólo Colombia ha venido cumpliendo con la implementación de estos controles; inicialmente con la distribución de una Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, que se entregaba directamente en el paso binacional, y a partir del primero de mayo de 2017, con la implementación de la TMF, que requiere de un pre-registro digital y la posterior confirmación por parte de las autoridades de Migración Colombia.

Con relación a la implementación de este segundo instrumento, el gobernador tachirense rechazó la acción de las autoridades colombianas y afirmó que desde Venezuela al contrario, se han dado importantes avances en el tema fronterizo; uno de ellos es el decreto para vender combustible legal desde la frontera.

“El presidente Nicolás Maduro decretó la venta de combustible a Colombia y ellos (Colombia) mantiene la frontera cerrada sin dejar entrar vehículos a nuestro país. Hemos hecho grandes esfuerzos en estos temas.  Los muros, las barricadas están del lado colombiano, por eso invité a un grupo de periodistas para que fuera hasta el Puente de Tienditas y verificara quién tiene cerrada la frontera”.

Efectivamente, Venezuela desde finales del año 2016 viene intentando convencer al gobierno de Colombia de permitir –de nuevo- el tránsito vehicular entre ambas naciones,  el cual antes del cierre se daba de manera fluida, tanto para vehículos particulares como de carga.

El principal objetivo de Venezuela, es vender a los conductores colombianos combustible a precios por debajo de los costos manejados en su país de origen; petición que ha sido rechazada por el presidente Juan Manuel Santos, alegando que tal situación perjudica los intereses de la nación.

En Consecuencia, la infraestructura de Estaciones de Servicio Internacionales apostada en los municipios de frontera y programadas para cobrar el combustible venezolano en pesos colombianos y dólares americanos, ha quedado prácticamente sin clientes, pues tales precios resultan prohibitivos para el venezolano común, aunque éste sufre severas restricciones para la compra de combustible a precios subsidiados en la entidad fronteriza.

Actualmente el precio de la Gasolina de 91 octanos en estaciones Internacionales que funcionan en los municipios fronterizos es de 1200 pesos colombianos por litro (unos 2 mil bolívares), mientras el precio subsidiado del litro de gasolina de la misma calidad para los venezolanos es de 1,00 bolívar.