A las zonas limítrofes del país, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá, las unen varios fenómenos: la transnacionalización del crimen organizado, la débil presencia del Estado, la pobreza, la falta de competitividad, y amplios rezagos en desarrollo. 

El panorama para el nuevo gobierno advierte condiciones complejas en un ambiente en el que la cooperación bilateral debe actuar eficientemente para erradicar la violencia y generar entornos integrados al resto del país, en los que se proteja a la población civil.

Así lo indica el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 'Inseguridad, violencia y economías ilegales en las fronteras, desafíos del nuevo gobierno'.

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Para el caso de Norte de Santander, la situación es más compleja, con la imposibilidad de acercamientos binacionales y relaciones diplomáticas nulas, que se suman a la crisis humanitaria derivada de la guerra en el Catatumbo y al ingreso masivo de venezolanos.

De acuerdo con el informe, la violencia escaló en el Catatumbo tras el desarme de las Farc, y la confrontación entre el EPL y el Eln por el control de las rutas de narcotráfico. 

“El Epl viene expandiéndose territorialmente a través de comisiones desde sus zonas de influencia histórica (El Tarra, Hacarí, San Calixto) hacia otras que eran de control de las Farc, como La Gabarra y la zona baja de Tibú”, explica el texto. 

Como resultado de ello, aumentaron los homicidios selectivos, las desapariciones y el control social que impone este grupo armado. 

El rompimiento de los pactos de no agresión entre el Eln y el Epl se relaciona con un proceso de degradación interno de este último grupo desde la muerte de Megateo, en 2015, además de la entrega y captura de otros mandos que “aceleró la tensión interna, fragmentación y criminalización, dando paso a líderes jóvenes que buscan imponer el control a través de la violencia y la intimidación”. 

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Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), entre el 14 de marzo y el 5 de julio las acciones armadas y enfrentamientos entre ambos grupos causaron el desplazamiento de por lo menos 16 mil personas (5.168 familias) en San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de Belén, Ábrego y Hacarí. 

Además, entre enero de 2017 y agosto de 2018, las acciones de los grupos armados se concentraron en Tibú, Teorama, Hacarí, El Tarra y El Carmen, con acciones como hostigamientos, secuestros, enfrentamientos, emboscadas y amenazas, cuya principal responsabilidad recae en el Epl (41 acciones), seguido del Eln (37), grupos armados no identificados (25) y estructuras del crimen organizado (5). 

El impacto de estos grupos también trasciende a departamentos vecinos como Cesar, donde en diciembre de 2017 la Defensoría del Pueblo hizo referencia a la posible incursión del Epl, con propaganda en la zona limítrofe entre Cesar y Norte de Santander. 

Sin embargo, la respuesta de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, y su operación Esparta, dejó resultados como la destrucción de 30 laboratorios, entre enero de 2017 y el 21 de agosto de 2018, además de 43 capturas, 19 combates y 5 incautaciones. 

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Riesgo para inmigrantes

La situación migratoria de venezolanos desató otra crisis humanitaria para la que la institucionalidad no tiene capacidad de respuesta, y pese a la acción de voluntarios y oenegés internacionales, el riesgo de vulneración de derechos y vinculación de inmigrantes a actividades ilegales va en aumento.

Según el informe, los migrantes venezolanos se suman a las economías ilegales trabajando como recolectores de coca, pero también sirven al trasporte de sustancias y contrabando.

Lo anterior genera situaciones de alto riesgo, como la trata de personas, principalmente en mujeres que se vinculan al trabajo sexual. 

Además, se menciona la vinculación de migrantes venezolanos al EPL como combatientes y, en menor medida, al Eln.

La presencia del grupo armado Los Rastrojos, cuya concentración está en el municipio de Puerto Santander, constituye otro factor de riesgo, con el contrabando de gasolina, cárnicos, enseres y carbón. 

Riesgos aledaños

La Guajira y Cesar 

Aumento del flujo migratorio que facilita el contrabando de gasolina, parte del cual se usa para la producción de cocaína. 

Alto riesgo de reclutamiento de población joven migrante venezolana, por parte del Eln.  

Posible avanzada del Epl desde el Catatumbo. 

Rutas de salida terrestre (Valledupar-Maicao-Uribia-Alta Guajira y La Paz-Villanueva), y marítimas (Alta Guajira-Islas del Caribe), para actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de personas.

Paros armados, como los ordenados por el Eln en Cesar. En este departamento se registraron amenazas contra la población civil, emboscadas y hostigamientos a la Fuerza Pública, así como ataques a la infraestructura vial.

Arauca

Reacomodo y consolidación del Eln y las disidencias de las Farc. Aunque hay pactos de no agresión, en los últimos meses estos se han debilitado. 

El Eln se expandió a zonas donde operaban las Farc y se convirtió en el actor armado con mayor presencia y control territorial, traducido en el incremento de homicidios selectivos en Tame, Saravena, Arauquita y Fortul.

Expansión del Eln hacia los estados Apure y Amazonas (Venezuela), y desde Arauca hacia el Cumaribo (Vichada). 

Reclutamiento de población venezolana que el Eln utiliza como informantes, sicarios y combatientes.

Aumento de minas antipersonal para evitar el ingreso de la Fuerza Pública a corredores estratégicos. Entre enero y abril de 2018 se presentaron nueve víctimas por minas sembradas por el Eln en Tame, Arauquita y Fortul.

Fortalecimiento de las disidencias de las Farc en Arauquita y La Victoria (Venezuela), y expansión a Saravena, Fortul, Tame y Puerto Rondón. Hoy contarían con cerca de 150 integrantes.