Venezuela es el país con los índices de secuestro más altos de América Latina, aunque las cifras absolutas en México son más altas. 

En el primer trimestre de 2018 fueron reportados 49 secuestros en todo el país, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Delito Organizado. Expertos criminólogos calculan que 10% de los casos desenlazan con la muerte de las víctimas.

Sin embargo, acceder a cifras oficiales, no es tarea sencilla. El Instituto Nacional de Estadística realizó en 2009 la Encuesta de Victimización, que arrojó 16.917 secuestros; lo que representa una tasa de 95 plagios por cada 100.000 habitantes, mientras que el primer sondeo de este tipo efectuado en 2006 reflejó una proporción de 38 secuestros por 100.000 habitantes. Tras los resultados de 2009 no se volvió a realizar la encuesta.

De acuerdo a reportes de prensa, el secuestro disminuyó en la frontera de Venezuela con Colombia durante los años 2015 y 2016, pero ha regresado con fuerza a esta zona, de la mano de grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y bandas criminales.

Según testimonios de familiares de las víctimas que han pedido no ser identificados por razones de seguridad, este incremento se debe en parte a que desde los primeros meses de 2017 recrudecieron los enfrentamientos entre el Eln y el grupo armado Los Pelusos, brazo armado que se desprendió del Ejército Popular de Liberación (Epl), que también hace vida en la frontera.

Datos de la Asociación Civil Venezuela Libre de Secuestros, indican que 105 ciudadanos venezolanos que fueron secuestrados entre enero de 2002 y mayo de 2018 por los grupos irregulares colombianos Farc, Epl y Eln permanecen en cautiverio o se ha perdido por completo la pista de ellos. Los municipios fronterizos con mayor índice de víctimas en la actualidad son: Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdaneta, en Táchira; Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, en Apure; Jesús María Semprún, Jesús Enrique Lossada, Sucre y Catatumbo, en Zulia.

El caso más reciente que conmocionó a la opinión pública en el estado Táchira, fue el del comerciante Nepomuceno Belandria, secuestrado el 30 de mayo por un grupo de hombres fuertemente armados, y cuya cabeza apareció tres días después en medio de la vía pública y a plena luz del día, evidencia de que la crueldad de los crímenes se encuentra en escalada.

Ello trae como consecuencia que familiares de las víctimas de secuestro manifiesten su recelo a hablar públicamente de los casos, e incluso a acudir ante las autoridades a denunciar, pues presumen que se trata de una actuación directa de grupos armados irregulares que operan en la zona y temen que cualquier denuncia pueda significar una sentencia de muerte, no sólo para su familiar secuestrado o desaparecido, sino para cualquier otro miembro de la familia.

En 2018 suman 14 años consecutivos sin conocerse estadísticas oficiales sobre criminalidad y violencia en Venezuela, por lo que instituciones y observatorios especializados hacen esfuerzos por llenar el vacío de información del sector oficial; sin embargo, advierten la existencia de una alta cifra negra debido a la reticencia de los familiares a denunciar.

Otro caso emblemático en la entidad es el del secuestro de la Joven María José Molina secuestrada hace ya 10 años por las Farc, quien posteriormente se sumó a las filas de esa organización tras convertirse en pareja de uno de los jefes guerrilleros.  Los Contreras denunciaron el caso del secuestro y reclutamiento de su hija ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha habido pronunciamientos de organizaciones y comités de derechos humanos, sin embargo, y pese al proceso de paz en el que se encuentra las Farc y el gobierno colombiano, María José no ha regresado a su casa.