Migrar desde Venezuela es mucho más que poner su vida en cuatro maletas y empezar a caminar. Detrás hay miles de historias, y en muchas de ellas un denominador común, la amplia red de burocracia y corrupción por la que deben atravesar quienes - documentos en mano-, esperan abrirse paso de forma legal en otras tierras.

Según las disposiciones legales, en Venezuela, antes de apostillar o hacer cualquier trámite es necesario “legalizar” el acta de nacimiento. 

Ese procedimiento implica que el interesado debe obtener un acta original en la prefectura donde fue asentado al momento de su nacimiento y luego refrendar su legalidad ante el Registro Principal del estado al que dicha prefectura pertenece.

Así, las personas que viven en estados distintos a aquellos en los que nacieron deben primero viajar hasta sus lugares de origen tramitar el documento y luego solicitar vía internet la cita para la legalización, para luego hacer una larga fila, incluso desde altas horas de la madrugada, el día signado para la revisión. 

En la práctica y de acuerdo con casos conocidos, a muchos ciudadanos les resulta más práctico y menos costoso pagar un gestor que embarcarse en ese viaje. Las tarifas por este tipo de trámite van desde los 150.000 hasta los 500.000 bolívares por documento.

*Jesús, como ha preferido llamarse uno de estos gestores, cuenta que ubica a sus clientes en chats de redes sociales que se han creado como grupos de apoyo virtual entre quienes adelantan ese proceso de poner sus documentos en regla para irse del país. 

“Sólo trabajo con grupos de cuatro o cinco personas por día, adentro tengo un contacto que me saca las partidas rapidito, en una mañana quedan listas para enviarlas vía encomienda”, explicó.

Un delito que se paga con cárcel

La red de corrupción que comienza dentro de las prefecturas y registros, se extiende hasta la sede central del Servicio Nacional de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), donde hace algunos días  cinco funcionarios fueron encarcelados, por agilizar trámites relacionados con la impresión de pasaportes a cambio de altas sumas de dinero. Ver recuadro

La captura volvió más recelosos a quienes se dedican a “facilitar” la expedición de pasaportes. Se trata de funcionarios del Saime que operan desde Caracas, y mediante gestores en las diferentes regiones venezolanas, captan a las personas interesadas. Los gestores sirven como enlaces de contacto para resguardar al máximo la identidad de los funcionarios.

Fe de ello la da *Alexandra, quien relató a La Opinión, que a través de un amigo de la familia, había logrado contactar a uno de estos funcionarios, para agilizar la tramitación del pasaporte de su bebé. A cambio, éste le había pedido 300 dólares por entregarle el pasaporte en una semana.  “Ahora, después de las capturas de la semana pasada, ni siquiera quiere que mi amigo lo llame por teléfono, subió la tarifa a 450 dólares y dice que el pasaporte lo recibiré –con suerte- en un mes”, explicó.

La Opinión logró conversar bajo condición de anonimato, con al menos tres de estos gestores, quienes básicamente ofrecen que sus contactos en Caracas están en capacidad de habilitar los pagos y procesos -usualmente bloqueados en la página oficial para los usuarios comunes-, y luego sustraer los pasaportes de la Torre Tecnológica del Saime, para imprimirlos y hacerlos llegar a sus propietarios, previa cancelación de sumas que van desde los  1.500.000 bolívares fuertes (unos 400.000 pesos), hasta los 600 dólares americanos (cerca de 1’730.000 pesos). Los interesados deben cancelar en efectivo al gestor, quien se moviliza a Caracas para volver con los documentos ya listos para viajar. “Las tarifas suben, usted sabe… la inflación, la responsabilidad, eso es mucho riesgo”, explicaba uno de ellos.

*Eduardo es un potencial migrante, en medio de esta maraña de trámites y gestorías. “Todas las noches me quedaba despierto hasta las tres o cuatro de la mañana, para ver si en la página se habilitaba la opción de pago para el pasaporte, pero no tuve suerte”, relata al tiempo de afirmar que tras dos meses de esta rutina, buscó un gestor que le ayude a culminar el trámite, pues espera viajar a finales del mes de marzo hacia Chile. La pasada semana canceló 450 dólares y está a la espera de que le entreguen el documento. “Rezo todos los días para que llegue”, apuntó.

Las acciones emprendidas, tanto por gestores independientes como por funcionarios internos, constituyen delitos establecidos y sancionados en las leyes venezolanas contra la Corrupción y contra los Delitos Informáticos, así como en la Ley Orgánica de Identificación, según explicó el inspector general del organismo, Juan de la Cruz Pereira, reseñado en nota de prensa del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

*Nombre cambiado por motivos de seguridad.

Capturan funcionarios del Saime

A comienzos de febrero, cinco funcionarios del Servicio Administrativo de identificación, Migración y Extranjería (Saime), fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público por realizar gestoría a usuarias y usuarios a cambio de agilizar trámites relacionados con la impresión de pasaportes.

Este hecho fue detectado el 24 de enero del presente año, en la Torre Tecnológica del Saime, lugar donde actualmente opera la producción de pasaportes de la República Bolivariana de Venezuela, informó el Inspector General del Saime, comisario general Juan de la Cruz Pereira.

Una inspección técnica y experticia informática de los equipos celulares incautados a los detenidos, permitió corroborar la vinculación de las cinco personas con los hechos irregulares.

Los funcionarios aprehendidos realizaban manejo fraudulento del sistema protegido del Saime, pues al momento de la producción de pasaportes, incluían seriales de personas que previamente eran captados, a quienes les solicitaban sumas de dinero en moneda nacional y extranjera. Luego, los pasaportes eran sustraídos de la torre previa cancelación del dinero.

Tales delitos están establecidos y sancionados en las leyes contra la Corrupción y Especial contra los Delitos Informáticos, así como las Ley Orgánica de Identificación, respectivamente.

El juzgado trigésimo cuarto en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas, dictó medida preventiva privativa de libertad en el departamento de aprehensión del CICPC.