La extorsión se ha convertido desde hace ya algún tiempo en una práctica “normal” en la frontera, donde guerrilleros, paramilitares y hasta funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, exigen a productores y empresarios el pago de sumas periódicas de dinero para permitirles continuar con sus actividades habituales.

En algunos casos, el pago se corresponde con la prestación de cierto “servicio de seguridad”, y en otros, se trata simplemente de “colaboraciones obligadas” impuestas a propietarios de fincas, transportistas, empresarios y comerciantes.

En los últimos meses los reportes sobre cobros de vacuna, como también se le llama a la práctica extorsiva en Venezuela, llegan desde lugares cada vez más alejados de las fronteras, lo que evidencia el crecimiento de las redes de extorsión, que avanzan desde las líneas binacionales hacia el corazón de los estados fronterizos venezolanos.

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Según información aportada por algunos productores agropecuarios y empresarios del estado Táchira, existen básicamente dos modalidades. “Los irregulares, cualquiera sea su organización, citan ya sean productores, empresarios o personas de la sociedad civil y le establecen ‘por las buenas’ la cuota de ‘colaboración’… Por otra parte, a veces recibimos llamadas exigiendo el pago de altas cantidades de dinero, y aunque quien llama tenga acento colombiano y se identifique como miembro del ELN o las FARC, la experiencia nos ha enseñado que se trata de hampa común, bandas que usan el nombre de la guerrilla para infundir temor”, explicó uno de los afectados.

Otro asegura que actúan con el consentimiento de las autoridades venezolanas. “La guerrilla, desde el inicio del gobierno de Chávez no volvió a atacar ni a militares ni a civiles, sólo extorsionan bajo el disfraz de ‘colaboración’; así operan sin que los acusen ni ataquen las autoridades venezolanas, más bien cuentan con su apoyo”, dijo un productor agropecuario de la zona de frontera.

Aunque temerosos de revelar su identidad para evitar represalias, los afectados destacan que las organizaciones armadas "cada día extienden su red de extorsión y vienen ganando territorios”; están en el sur del lago de Maracaibo, la zona norte, y la montaña baja del Táchira en municipios como Ayacucho, García de Hevia, Samuel Darío Maldonado, San Judas Tadeo Y Lobatera; hacia el sur en Fernández Feo y Libertador; en el municipio Páez del estado Apure y toda la línea que colinda con el Arauca colombiano. En Bolívar, la pugna por es por el control de las minas y las cuotas de pago se establecen en oro.

Las carreteras también son negocio

Además de las cuotas establecidas sobre las unidades de producción, la movilización de reses y mercancías también han pasado a formar parte de este negocio extorsivo, controlado en esta modalidad por funcionarios de las instituciones del Estado venezolano, e incluso se han establecido tarifas dependiendo de la zona y de la institución que ejerce control sobre ella.

De acuerdo a la información recibida por La Opinión, un productor que intente movilizar un camión con 20 cabezas de ganado desde la frontera hacia la zona central de Venezuela , debe pagar, en San Antonio 20 mil pesos a la Guardia Nacional, 20 mil al Ejército, 20 mil a los fiscales y 400 mil en Peracal; 50 mil en el Peaje, 20 mil en el punto de control de Chururú, 40 mil en la alcabala de La Pedrera, luego 90 mil pesos en la alcabala de Guacas, donde además cancelan otros 20 mil para los fiscales, 40 mil para la GN y 100 mil para el Ejército. “Todo esto debe sumarse al precio final del producto, porque es algo que ya ha pasado a formar parte de la estructura de costos”, explican.