“La crisis de transporte en el Táchira es una de las más graves de todos los estados del país”, dijo este viernes en San Cristóbal el diputado Avilio Troconis, presidente de la subcomisión de Vialidad y Transporte de la Asamblea Nacional, quien junto a un grupo de parlamentarios viene evaluando la situación de movilidad y transporte público en varias regiones de Venezuela.

Según el parlamentario, más de 90% del transporte público venezolano se encuentra paralizado debido a la hiperinflación y a la grave crisis económica, lo que ha llevado a los usuarios a trasladarse de un lado a otro en vehículos improvisados conocidos como “perreras”. El traslado de pasajeros en este tipo de unidades ha dejado hasta la fecha  55 personas fallecidas en todo el país.

Este viernes 6 de julio un grupo de diputados a la Asamblea Nacional en el que además de Troconis estuvieron Marco Bozo, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, Juan Requesens,  Sergio Vergara, y Karim Vera, miembros del Bloque parlamentario del Táchira; junto a Germán Duarte, presidente del Sindicato Nacional de Transporte a nivel nacional, y directivos, gerentes y propietarios del transporte público en el Táchira analizaron la realidad del sector en el plano regional, y los resultados de este encuentro serán presentados en plenaria del parlamento venezolano el próximo 10 de julio.

“El transporte público vive una tragedia, ya que es insostenible el mantenimiento y funcionamiento pleno de las unidades, debido al alto costo de insumos y repuestos, mientras el gobierno nacional ignora el tema y no le da ninguna respuesta ni a los propietarios de los autobuses, ni a los usuarios” dijo Troconis al tiempo de afirmar que  no existe una política clara de parte del gobierno, “por el contrario hay cementerios de autobuses Yutong, traídos por el mismo gobierno y que ahora ni ellos mismos pueden mantener”.

Agregó que la movilización de transeúntes en las llamadas “perreras” constituye una violación a los derechos humanos. “la fuerza laboral, enfermeros, maestros, periodistas, no pueden ir adecuadamente a sus lugares de trabajo porque no tienen cómo trasladarse”.

Por su parte, Germán Duarte, presidente nacional del Sindicato del Transporte, señaló que desde el 16 de enero de 2016 el gobierno venezolano decretó emergencia económica nacional, “ya lleva 13 emergencias desde esa fecha, y aún no ha resuelto nada en el país”, dijo Duarte al afirmar que “hoy todos los sectores tienen graves problemas, no solo en el transporte público de pasajeros, también es imposible mantener los vehículos que recogen la basura, el transporte de carga pesada, los taxis, y todo el servicio público se ve afectado”.

Informó que han sido citados a Caracas para participar en mesas de trabajo destinadas a la distribución de insumos para los vehículos, pero no hay ninguna solución a la crisis: “en este momento tenemos una paralización que supera 90% y  a la que cada vez se suman más unidades estacionadas, muchas en perfectas condiciones pero que les faltan cauchos, batería o cambio de aceite, y cuyos dueños no pueden pagarlos”.

Ana Rosa Ruiz, propietaria de un autobús en San Cristóbal, exigió atención al gobierno de Nicolás Maduro y detalló que: “actualmente es insostenible poner en funcionamiento las unidades, en un día no se llega ni a 5 millones de bolívares en pasaje, que deben repartirse para el propietario y el conductor, y solo un caucho, cuesta 500 millones de bolívares”.

Diputados y transportistas recorrieron varios estacionamientos donde se encuentran las unidades que no están en funcionamiento, y varias avenidas de San Cristóbal, para constatar las condiciones inseguras en las que se deben desplazar los usuarios ante la falta de autobuses.