Colombia está cada vez más cerca de poder contar, al fin, con una Política Integral Migratoria de largo plazo que permita definir unos lineamientos claros y concretos para atender los diferentes fenómenos migratorios, además de garantizar procesos seguros, ordenados y regulares.

El martes y de manera unánime, la plenaria del Senado le dio luz verde, en segundo debate, a la norma que crea este marco legal regulatorio con el que se pretende mejorar la oferta de servicios del Estado para los colombianos que viven en el exterior y que suman unos 5 millones, los retornados y los extranjeros que han llegado a Colombia (cerca de 1’700.000).

El Proyecto de Ley “Por medio del cual se crea un marco legal para una Política Integral Migratoria (PIM) y de Largo Plazo” había sido presentado inicialmente por los senadores nortesantandereanos Andrés Cristo y Edgar Díaz, junto al congresista Andrés Zuccardi, pero posteriormente fue fusionado con una iniciativa que en ese mismo sentido radicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los senadores Emma Claudia Castellanos, Ana Paola Agudelo, Juan Diego Gómez y Lidio García.

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La senadora Castellanos explicó que uno de los principales objetivos de esta ley es que busca ofrecer una integración socioeconómica, y productiva “que fomente el empleo para migrantes, retornados y comunidades de acogida, así como el desarrollo de estrategias para la protección de los derechos humanos de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad que como migrantes han sido afectados”.

En ese mismo sentido, indicó que con esta política también se podría fortalecer la prevención, atención, investigación y judicialización de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Durante su aprobación, el senador Cristo defendió, igualmente, la necesidad de establecer un mayor control y vigilancia en zonas de fronteras, a través de la creación de Puestos de Control Migratorio terrestres ubicados en los municipios de tránsito fronterizo y en las zonas más vulnerables de todo el país. Esta proposición se convirtió en el artículo 64 del proyecto.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, explicó que el proyecto reconoce que el país es destino de migrantes, no solo por la crisis venezolana que ha generado un éxodo masivo hacia Colombia, sino también por la llegada de empresas e inversiones extranjeras acompañadas de trabajadores migrantes en distintos niveles.

Beneficios para retornados

Si bien Colombia cuenta actualmente con leyes para garantizar el retorno y para la atención y migración en las fronteras, es frecuente escuchar a los colombianos en el exterior hablando sobre las dificultades del retorno. Por este motivo, es importante que esta política se fundamente en la inclusión y no solo en la asistencia.

La Ley 1565 de 2012 creó incentivos y ofertas para los colombianos en el exterior que desean retornar al país, pero no han sido suficientes. Por este motivo, en el proyecto de ley que establece la Política Migratoria se plantea una reforma complementaria para asegurar un acceso pleno de los retornados a los servicios del Estado y a su acompañamiento integral.

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Allí también se destaca que la integración es clave para incorporar a la población migrante (tanto retornada, como los extranjeros en Colombia), pero también para asegurar una vinculación a más y mejores servicios de los colombianos en el exterior, de modo que el Estado pueda generar, a largo plazo, una coordinación institucional, con el fin de desarrollar planes, programas y proyectos encaminados a una efectiva integración socio económica y cultural.

Otros avances

Uno de los artículos más relevantes que contempla el proyecto, es el que crea el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) “como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se acompañará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de la población migrante”.

También se destaca el artículo 33, que habla de la homologación de Estudios Superiores cursados en el exterior, cuyos trámites se adelantarán directamente por la institución de educación superior en la que el interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan los convenios de homologación. La convalidación de títulos será función del Ministerio de Educación Nacional.

Lo que viene

Tras ser aprobado en la plenaria del Senado, el proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Representantes, en donde deberá surtir su tercer y cuarto debate. Allí, seguramente sufrirá algunas modificaciones y le serán incorporados nuevos artículos, como el que plantea el representante nortesantandereano Jairo Cristo, de Cambio Radical, quien considera pertinente que la iniciativa tenga un componente de incentivos para el empleo.

“Queremos fortalecer la Zona Económica para Norte de Santander y especialmente para que podamos dar empleo, porque el fenómeno de migración también hay que apoyarlo con temas sociales, donde nosotros podamos tomar un talento humano y generar empleo. Así aportamos al desarrollo de la región”, le dijo el dirigente a La Opinión.

Además:

Piden que ley de política migratoria sea prioridad en la otra legislaturaActualmente, las empresas que decidan acogerse a la ZESE deberán generar y mantener un 15% más de empleo y de esta manera podrán obtener un beneficio del 0% de renta en los primeros cinco años y un descuento del 50% en los cinco años siguientes. La idea del representante cucuteño es que se implemente ese modelo en la Ley de Migración.

La canciller, entre tanto, recordó que el proyecto que crea la Política Integral Migratoria tiene prioridad para el Gobierno, y dijo que “ha sido el fruto de un trabajo impulsado por el sector de Relaciones Exteriores, enriquecido por los congresistas coautores y ponentes, y otras entidades de Gobierno”.