Los efectivos de la Policía del Táchira (Politáchira) estarían siendo forzados a entregar un supuesto ‘pote’, producto del cobro de extorsiones en la zona limítrofe.

Al parecer, la orden provendría del director de la Policía del Táchira, Amador Torres, para permitir el paso indiscriminado de contrabando.

La denuncia fue formulada ante la Fiscalía 23 del Ministerio Público, con sede en la ciudad de San Cristóbal, por parte del dirigente social Asdrubal Ortíz.

Según el dirigente los recursos serían entregados al máximo jefe policial de la región cada ocho días, no sólo desde San Antonio y Ureña, sino también de García de Hevia, Ayacucho y Jáuregui.

Ortíz señaló que la situación ha sido corroborada por un grupo de funcionarios de Politáchira.

Según se conoció, estos rechazan que “mientras a ellos se les exige reparar las motos y comprar cauchos y baterías con sus propios recursos, al mismo tiempo se les tenga forzados a entregar altas sumas de dinero a los jefes policiales, producto de la extorsión y el contrabando”.

Un documento que está circulando en todos los centros de coordinación policial desde principios de esta semana, sería la evidencia en la que se menciona -además del director de Politáchira- al coordinador agregado, Richard Lozada Peña.

Así mismo, se señala a varios de los coordinadores de centros policiales.

El denunciante manifestó que adicional a esto, se estaría llevando a cabo la venta de vehículos y motocicletas del ente policial.
 
Aunque estas se encuentran en buen estado, habrían sido sacadas de circulación para que los oficiales recibieran dinero por ellas, como si se tratase de chatarra.

Aseguró que al menos 30 funcionarios de rangos altos y medios estarían involucrados en estas irregularidades.

Por tal motivo, exigió que se investiguen los patrimonios de todos los uniformados señalados en la lista entregada al Ministerio Público, y que en el proceso se incluya a sus familiares más allegados.