Cientos de niños venezolanos acompañados por sus padres reclamaron ayer garantías para ir a estudiar a escuelas de Villa del Rosario y Cúcuta.

La protesta se produjo hacia las 5:30 de la mañana, frente a la valla colocada por la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, que impide el acceso al Puente Internacional de Tienditas.

El cierre de fronteras que Venezuela mantiene desde el pasado 23 de febrero por los sucesos vinculados al intento de pasar donaciones internacionales desde Colombia, ahora se ha acentuado con la colocación de contenedores llenos de arena en las estructuras de los puentes internacionales y de obstáculos que impiden el acceso peatonal desde las poblaciones venezolanas de Ureña y San Antonio.

Por esta situación, unos 9.000 niños, alumnos de primaria y secundaria, que cursan estudios en Colombia, están viendo vulnerado su derecho a la educación, según explicó el abogado Jacinto Jaimes, activista y defensor de Derechos Humanos en la zona de frontera. 

Voceros de la oenegé Comunidad de Naciones sostienen que la cifra total de estudiantes afectados asciende a 9 mil, si se toma en cuenta a los cursantes de primaria, bachillerato, pregrado y post grado, por cuanto todos se están viendo igualmente afectados por la medida.

María Rojas, madre de una niña que estudia en el colegio  Carlos Pérez Escalante, ubicado en San Luis (Cúcuta), destacó que la situación está afectando directamente la oportunidad de formación académica de su hija, por lo que instó a otros padres a unirse para solicitar la actuación del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Sabemos que no nos van a ayudar, porque todas las instituciones están a favor del régimen, pero tenemos que sentar un precedente”, dijo al tiempo de acotar que  así mismo solicitarán amparo constitucional ante la Justicia.

Una comisión conformada por unos 40 representantes y algunos defensores de derechos humanos sostuvieron una reunión la mañana de este lunes con las autoridades militares de la frontera, en la sede del destacamento 212 de la Guardia Nacional, con sede en San Antonio, sin lograr ningún resultado favorable, pues su Comandante, Franklin Rivera, argumentó no tener “autonomía funcional” para tomar decisiones con relación a la apertura de los canales humanitarios de pacientes oncológicos, enfermos crónicos y estudiantes.

Mientras esto sucedía, otra comisión se trasladó a la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Táchira, donde consignaron un oficio que recoge la solicitud de padres y alumnos.