Luego de sesionar en algunos de los departamentos de frontera en donde ha tenido repercusión la crisis por la que atraviesa Venezuela, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes le solicitó al presidente Juan Manuel Santos hacer uso de las facultades que otorga la Constitución y decretar nuevamente la Emergencia Social y Económica en estas zonas del país.

Para los congresistas, Colombia no está preparada para atender institucionalmente y de manera eficiente y efectiva la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al territorio nacional, y por esa razón es necesario tomar desde ya medidas.

“Hemos podido detectar condiciones fácticas que pueden perturbar de forma inminente el orden social y económico en la zona de frontera”, manifestaron en la misiva enviada al jefe de Estado, los integrantes de la Comisión Segunda, encargada de los asuntos de la política exterior.

De acuerdo con lo que quedó consignado en la solicitud, dichas condiciones están relacionadas con el desbordamiento de la capacidad de la red hospitalaria para atender a la población del vecino país, la vulneración de los derechos de los niños con doble nacional que transitan por los pasos limítrofes, la informalidad, así como la incapacidad local para enfrentar a las poderosas estructuras criminales dedicadas a la trata de personas y el contrabando.

A la petición hecha desde el Congreso se sumó el Concejo de Cúcuta que también le remitió un oficio al presidente Santos en el que le pide contemplar la posibilidad de tomar medidas de emergencia humanitaria y económica en Norte de Santander, para hacerle frente a la situación por la que hoy atraviesa la región.

Justamente para analizar este panorama, la Comisión Segunda tiene previsto sesionar el próximo 14 de septiembre en Cúcuta y al encuentro están invitados varios ministros, entre ellos la canciller y los jefes de las carteras de Defensa, Salud, Interior y Trabajo, el director de Migración Colombia, entre otros funcionarios comprometidos con el tema.

En septiembre de 2015, luego del cierre de los pasos fronterizos ordenado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, su homólogo colombiano declaró la emergencia económica en la región por un periodo de 30 días.

La medida incluyó a los departamentos de la Guajira, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía.

Las principales acciones que contempló el decreto se concentraron en la exoneración del pago del IVA en alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos.

Los municipios afectados por la crisis fronteriza fueron igualmente priorizados por el Ministerio de Vivienda para recibir recursos del Fondo Nacional de Vivienda.

Además, se estableció que quienes decidieran crear empresa no pagarían matrícula mercantil hasta el 31 de diciembre de 2016 y a los hoteles agencias de turismo, restaurantes, bares y empresas de transporte que operaran en los municipios cobijados por la emergencia se les excluyó del pago de la contribución parafiscal, entre otras medidas.