El estado Táchira de Venezuela lidera las cifras de enfrentamientos armados, en ese país, donde la violencia continúa en ascenso, con un total superior a los 850 homicidios durante el 2019. 

En un estudio  presentado esta semana por la fundación Fundaredes, el fenómeno violento en esta frontera tiene su origen en aspectos como la migración interna, pues los grupos criminales y paramilitares se aprovechan de la necesidad de cientos de venezolanos para reclutarlos a sus filas o extorsionarlos para permitirles el acceso al trabajo en la zona binacional.

Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal. Las cifras indican que de los 29 municipios que tiene ese estado, el mayor número de homicidios ocurrió en Pedro María Ureña (20,57%), seguido por la capital San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%).  El 90%  de esos crímenes fueron cometidos con armas de fuego.

Enfrentamientos

En cerca de 70% de los casos los principales victimarios fueron grupos armados irregulares y el móvil principal fue el sicariato, con más de 25%. La mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 35 años de edad. Veinte de ellas eran mujeres.

Del total de víctimas, 68 fueron reportadas como muertas en enfrentamiento, casos que tuvieron lugar principalmente durante los meses de febrero, mayo, junio, julio y noviembre. Más del 65% donde las partes involucradas en estos hechos fueron los cuerpos de seguridad del Estado venezolano contra bandas delincuenciales.

Cerca de 13% se enfrentó a algún grupo irregular sin identificar contra cuerpos de seguridad del Estado, otro 13% del total de enfrentamientos registrados en Táchira durante el 2019 se produjo entre un grupo paramilitar colombiano contra algún cuerpo de seguridad del Estado. Mientras el 6% restante se trató de enfrentamientos entre grupos paramilitares contra grupos guerrilleros o colectivos venezolanos.

Además, hubo 13 casos de secuestros y desapariciones para una tasa de 1,96 por cada 100.000 habitantes de los cuales 43,48% califica como secuestro, pues hubo lugar de cautiverio y las víctimas fueron liberadas con o sin pago por la liberación.

“56,52% es considerado como desapariciones por cuanto aún se desconoce el paradero de la víctima. En los secuestros y desapariciones hubo participación de personas identificadas como miembros de algún cuerpo de seguridad del Estado en 30,79% de los casos”, señala el informe.