Una de las medidas que viene implementado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), para mejorar los niveles de confianza, es la prueba del polígrafo en los funcionarios de esta entidad en la zona de frontera. Esto con el fin de acabar con los vínculos de contrabando entre las entidades públicas y las organizaciones que se dedican a este acto ilícito.

Todos los jefes de esta entidad en la capital nortesantandereana ya fueron evaluados, solo faltan los inspectores y las personas que se han vinculado recientemente, según indicó el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega en entrevista telefónica con La Opinión.

“Al principio, este proceso fue difícil porque la gente pensaba que en estos cuestionarios tenían que hablar de su vida privada, lo cual es falso, puesto que son pruebas de confianza”, agregó.

El polígrafo es solo una herramienta de confianza y es totalmente confidencial, teniendo en cuenta que los resultados solo los sabrá el funcionario, apuntó el director de la Dian, quien resaltó que esta evaluación no es obligatoria para las personas que estén vinculadas a la entidad. “Este es un acto totalmente voluntario”.

Ortega dijo que en Cúcuta han mejorado los procesos de control de manera significativa con la implementación de estas pruebas. Así mismo, afirmó que en “un principio tuvimos denuncia de irregularidades de algunos funcionarios de la Dian en Cúcuta, pero hoy ya no tenemos. Ahora hay un equipo bastante comprometido que quiere trabajar con la ciudad”.

Sanciones más severas

El director de la Dian también se refirió a la Ley de Contrabando que se radicará en el Congreso de la República.

Señaló que esta norma busca aumentar las penas y así el control del contrabando de todo tipo de productos en las zonas de frontera.

Como el contrabando solo se penaliza a partir de $29,4 millones, Ortega, insiste que la norma debe penalizar desde el funcionario que genera los documentos falsos, el policía que no hace la tarea de detener los vehículos que se movilizan por fuera de las vías no autorizadas, hasta los mismos conductores y transportistas.

Para esto, se necesitan fiscales de mayor nivel que logren desmantelar las organizaciones criminales que están destruyendo comercios y empresas legales en Colombia con una competencia desleal y una enorme tolerancia de la ciudadanía.

El año pasado, la entidad hizo más de 170 capturas con ayuda de la Policía. Sin embargo, toda la gente fue excarcelada. Las pruebas presentadas por la Dian fueron desvirtuadas por los jueces. El objetivo es que esta tenga la base probatoria que el sistema penal acusatorio requiere para atacar este problema que, junto con el lavado de activos, le cuesta al país cerca de 10.000 millones de dólares al año.