El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 9º de Control de San Cristóbal a seis oficiales de la Policía del estado Táchira, por estar presuntamente relacionados con la situación de rehenes registrada desde el 08 de septiembre y hasta el pasado 07 de octubre en el centro de resguardo de ciudadanos de ese organismo en esa ciudad.

Durante esa situación se presume que fallecieron los privados de libertad Anthony Kelvis Correa Sepúlveda y Juan Carlos Herrera Aragoza.

El pasado lunes, familiares de los reclusos que se encontraban en el Cuartel de Prisiones de Politáchira durante el motín que allí se mantuvo por espacio de un mes, denunciaron una serie de agresiones, asesinatos, violaciones y actos de canibalismo, como parte de lo acontecido al interior de la instalación policial.

En ese sentido, los fiscales 22ª nacional y 7º de esa jurisdicción, Otilia Gallegos y Rolnar Sanabria, respectivamente, imputarán a los funcionarios Willyosmer José Moncada Useches (27), Héctor Luis Carvajal Caicedo (27), Milena Janeidy Niño Sánchez (26), Yeisson Geovainy Ortiz Flores (23), Luis Alfonso González González (21) y Johan Alfredo Bohorques Luna (20) por delitos contemplados y sancionados en el ordenamiento jurídico venezolano.

Los oficiales de la Policía de Táchira, quienes se encontraban en funciones de resguardo en el cuartel de prisiones, fueron detenidos este 11 de octubre, en atención a las órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por la citada instancia judicial.

Sin versión oficial

El lunes, los familiares también habrían denunciado una serie de actos de corrupción, que involucraba a al menos dos agentes policiales en situaciones de extorsión y cobro a familiares por permitir a los reclusos el derecho a la visitas familiares y conyugales, así como para privilegiar la ubicación de algunos de ellos en celdas de menor peligrosidad.

De acuerdo a la versión de las familias, este tipo de situaciones fueron el desencadenante del motín que se prolongó por espacio de un mes y a lo largo del cual sucedieron los hechos por los cuales se imputa a los seis efectivos de Politáchira.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades regionales no han ofrecido información oficial, sobre lo acontecido, ni sobre las acciones emprendidas para investigar y sancionar a los funcionarios relacionados con las denuncias de corrupción, ya parcialmente identificados por los propios familiares de los reclusos.